La modificación a la ordenanza 2554, que enumera las inhabilidades para ser funcionario público en la Municipalidad de San Carlos de Bariloche sumó a los requisitos previos, el de no contar con antecedentes penales. Esto último ya aplicaba para cargos electivos y se amplió a toda la administración pública local.-

El proyecto, de Juan Carlos Ferrari viene a subsanar una ausencia en la Ordenanza que ahora inhabilita a ocupar un cargo público electivo y/o ser designados a ejercer cargos públicos, a “quienes hayan sido condenados por los delitos de robo, defraudación, estafa, malversación de fondos públicos o privados y falsificación de instrumentos públicos o privados y cualquier otro delito cometido en el desempeño de la función pública, por el plazo de diez años, desde la extinción de la última condena”.-

También contempla a las personas condenadas por delitos dolosos con sentencia judicial en segunda instancia, por el plazo de diez años, computados desde el momento de la extinción de la última condena.

Se incluyó también en las inhabilidades para ocupar cargos públicos, a las personas que hubiesen sido inhabilitadas por juicio político u otro procedimiento constitucional o legalmente previsto para la expulsión, destitución, remoción e inhabilitación del cargo o la función pública.

La normativa expone que la inhabilitación establecida se aplicará hasta que exista revisión o impugnación de la sentencia condenatoria mencionada, o que establezca su eventual posterior revocación.

«Acá no hay un motivo en contra de nadie, sino que es a favor de todos”, cerró el presidente del bloque de Juntos al presentar la . iniciativa que tuvo el aval de todos los ediles, menos de Roxana Ferreyra.