Una mujer recibió un llamado telefónico en el que le informaron que había resultado beneficiaria de un premio por los 50 años de la cadena “Coto”, que incluía dinero en efectivo y órdenes de compra del supermercado “La Anónima”. Le indicaron que, para acceder al beneficio, debía dirigirse a un cajero automático y realizar una serie de pasos que habilitarían la acreditación de la suma prometida.

Ella se presentó en una sucursal del banco en Viedma. Mientras sostenía la comunicación, insertó su tarjeta de débito e ingresó su clave personal. Siguió las instrucciones del interlocutor: seleccionó las opciones “otras operaciones”, “gestión de claves”, “Homebanking banca móvil” y “obtener clave”, luego introdujo un código numérico dictado. La operación finalizó con la emisión de un ticket, cuyos datos también comunicó telefónicamente. Inmediatamente después, la llamada se interrumpió.

Al salir del banco, se dirigió al supermercado “La Anónima” y consultó a personal de gerencia sobre la veracidad del supuesto premio. Allí supo que había sido víctima de una estafa. Dio de baja su tarjeta de débito y se presentó en la entidad bancaria para informar lo ocurrido.

Hasta ese momento, desconocía que se habían gestionado dos préstamos a su nombre, ya que no recibió avisos por correo electrónico ni utilizaba el sistema de Homebanking. En la sucursal del banco le informaron que uno de los préstamos ya se encontraba acreditado y había sido transferido a una cuenta de terceros.

La mujer presentó una denuncia penal ante la Fiscalía N.º 2 de Viedma. Posteriormente, denunció la situación ante el propio Banco Patagonia SA y solicitó la reversión del préstamo. La entidad le comunicó que derivaría el caso al área de investigación de fraudes, pero no entregó documentación sobre el monto de los préstamos ni sobre sus condiciones de contratación.

Se inició una instancia de mediación ante la CIMARC aunque pasó a cuarto intermedio y finalizó sin acuerdo.
Luego se produjo el débito de la primera cuota de uno de los préstamos, por lo que solicitó una medida cautelar que fue concedida. Durante el proceso judicial se incorporaron informes periciales informáticos y contables, además de actuaciones del fuero penal con intervención de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL).

Finalmente, el juez civil de Viedma condenó al banco a abonarle la devolución de las sumas, más 1.322.000 pesos por daño moral y 1.500.000 pesos en concepto de daño punitivo, junto con los intereses correspondientes.