Nota de opinión de Roberto Fermín Bertossi (*): Crueles especulaciones político-electorales o de “gobernabilidad”, hacen a una profunda crisis ético-moral y normativa, que impregna a todo nuestro estado de derecho en términos jubilatorios. Por caso, las jubilaciones ordinarias en décadas de kirchnerismo, (con enrevesadas recomposiciones, litigiosidad, moratorias, beneficios sin aportes, estatización de las AFJP), aportaron subtancialmente al meollo de una política de seguridad social que nos dejó enormes interrogantes, incuantificables cómputos pendientes e irremontables déficit morales haciendo añico elementales contratos sociales con la clase pasiva.

Natural, biologiva y humanamente, el sentido como el alcance de una noble y cabal jubilación, era cincelar la dignidad laboriosa personal facilitando al término de la misma, merecidos pequeños e inéditos júbilos y albedríos para cada justo beneficiario. Referimos a jubilados que por décadas trabajaron y aportaron “en serio”, laboreando duro y sin intermitencias tanto en el campo como en lo urbano, haciendo palpable realidad mucho de lo que hoy son y exhiben los mismos como tal. Abunda el esfuerzo y los sudores humanos detrás de esta Argentina que somos y hoy integramos.

Más que menos, décadas totalitarias y democráticas, solo perjudicaron inconstitucionalmente al conjunto de jubilados en términos precisamente de garantías constitucionales y de derechos humanos, (vg., vivienda digna, alimentación, medicamentos, un paseo o excursión, un modesto obsequio o regalito a sus nietos; en fin, todo eso y mucho más). Baste con chequear los guarismos y el real poder adquisitivo satisfactorio de los jubilados y pensionados durante el gobierno del presidente Arturo H. ILLIA o el de Arturo Frondizi.

La mayoría de los que cometieron este “jubilaricidio”, nunca trabajaron ni aportaron como ellos, tampoco vivieron ni viven como ellos.
Lo cierto es que, entre equilibrio fiscal y vida humana que se apaga (urgida por su propio tiempo natural e individual que inexorablemente se consume y agota), fría e indolentemente se volvió a optarse por números, postergando otra vez una despreciada subespecie jubilatoria vernácula, al amenazar los últimos latidos que aceleran la misma muerte personal de quién y de quienes etariamente no tienen tiempo para esperar ni fuerzas organizaciones para reclamar contundente, movilizada e institucionalmente; mucho menos para autofinanciarse hasta un mejor final, para no proferir “milagro”

RAE define el homicidio preterintencional como el «delito que comete quien realiza una acción sobre una persona, pero accidentalmente le causa la muerte.» Hoy se frotan las manos con alborozo aquellos que visualizan y anteponen un menor gasto publico genuino (¿cero inversiones humanas?) a un innumerable número seguro de vida menos…

El derecho a la vida es desde la concepción hasta la muerte natural. Sin recomposición de la base del haber jubilatorio mínimo de dos canastas familiares básicas, todo incremento o formula aplicable resulta otro criminal sofisma, sin atenuantes. Preconclusivamente, cuánto dinero mensual y con que justa razón, perciben funcionarios, periodistas u otros que osada y extravagante e inhumanamente opinan y ejecutan sobre el lacerante asunto de los indigentes jubilados y pensionados ordinarios argentinos, cuando ex presidentes o sus vices, por periodos, meses y horas de función activa, cobran millonarias y escandalosas cifras jubilatorias mensuales, de privilegio claro; complejizando el desafío jubilatorio autóctono con el delito de rapiña continuada bajo solapados catálogos de eufemismos.

Entonces por qué, al menos no callarse y respetar de una buena vez, esta larguísima digna y pacifica agonia de jubilados y pensionados ordinarios, con sus ascuas tan crecientes como permanentes e inmediatas, generándoles más y mas incertidumbres y dolor; quizás otra colectora (vg., junto a la educativa, etc.) para un caos que en ni Argentina ni sus honrosos jubilados y pensionados anónimos, merecen.

Por último, todo ello sin mencionar las más de cientos de miles de sentencias firmes hace años en favor de jubilados y pensionados impunemente impagas; ¿como tampoco que no hubo aun ningún veto para los cientos de miles de millones para fondos reservados para espionajes legales?, ni para escandalosos haberes y dietas privilegiadas para legisladores, jueces o directores de empresas estatales, etc., etcéteras.

Final y obviamente, otro elogio a la inequidad y a una rotunda y descarada desigualdad ante la ley para el conjunto popular de la ciudadanía argentina que deberá continuar clamando justicia, pero así, por ahora solo al mismo cielo.

(*) Roberto Fermín Bertossi – Experto Coneau / Cooperativismo