Desde hoy se lleva adelante un debate oral y público por los delitos de usurpación a un lote pastoril de 90 de hectáreas ubicados en la ladera del Cerro Ventana de nuestra ciudad en contra de ocho personas miembros de la comunidad mapuche Lofche Buenuleo. Se juzgará además un hecho calificado como intimidación pública.

En un primer momento se abordó ante un Juez de Juicio la recusación del Juez de otro foro de la provincia planteada por la defensa penal pública, por haber participado en otras instancias procesales de este legajo. Situación que fue rechazada y se conformó el tribunal que fuera designado para este debate.

Tal como acordaron las partes se abordará el legajo de usurpación en primera instancia y luego el de intimidación pública.

El Ministerio Público Fiscal comenzó con los alegatos de apertura, describiendo el primero de los hechos objeto de este juicio, aquel ocurrido el día 10 de septiembre entre las 7:30 y 10:30 de la mañana, en esta localidad en el lote pastoril 127 en la Colonia Nahuel Huapi, en el predio conocido como pampa de Buenuleo que comprende 92 hectáreas. En esas circunstancias uno de los imputados es visualizado por el cuidador en el interior de un lote de 92 hectáreas en el predio conocido como «Pampa de Buenuleo».

Todo ello, aprovechando la ausencia de los cuidadores de la vivienda existente en el interior del inmueble, sabiendo que a esa hora la vivienda y el lugar estaban deshabitados, ingresaron por caminos y/o senderos internos del campo no destinados a ser normalmente utilizados para el tránsito habitual con la evidente finalidad de introducirse al inmueble a resguardo de ser descubiertos por sus cuidadores.

La fiscal jefe se refirió a «que su intervención es posterior a lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia. Es importante porque de alguna manera marca el camino de lo que estamos obligados a llevar adelante». Mencionó luego planteos realizados por los hoy acusados al momento de ser víctimas en otro legajo; en referencia a que las vías de hecho no están permitidas tal como dijo el Superior Tribunal de Justicia.

También ellos afirmaron que las vías de hecho y de violencia ante la comunidad desplegadas en su momento tampoco fueron permitidas y hubo gente condenada por esta circunstancia; hoy donde se invierte la ecuacións volvemos a repetir y a refrescar esta frase que estaba bastante popular últimamente y que es que dentro de la ley todo fuera de la ley nada».

«En el interior de este predio había ubicada dos viviendas en posesión de los denunciantes, esta porción fáctica la vamos a acreditar no sólo mediante los testimonios de los denunciantes sino también por el personal policial», expresó la fiscal jefe.

Según la acusación fiscal invadieron este inmueble en forma clandestina y lo hicieron aprovechando la circunstancia específica de la ausencia de los cuidadores y de los habitantes de la vivienda e ingresando por los senderos ocultos, internos, no transitados habitualmente por las personas.

En tanto que uno de los acusados lo hacía con su camioneta por el camino principal. «Todo ello en acuerdo de voluntades y convergencia internacional; porque cada una de las personas que se encuentran aquí tuvieron total dominio del hecho, pudiendo haber desistido de esta acción y sin embargo no lo hicieron, insistiendo hasta el día de hoy».

«En definitiva el Ministerio Público Fiscal va a probar un hecho calificado como usurpación agravada por la participación de menores de conformidad con el artículo ciento ochenta y uno primer párrafo del Código Penal, en carácter de coautores en el marco de esta investigación», finalizó.

La querella adhirió al planteo de la fiscalía.

La defensa pública penal comenzó su alegato afirmando que las víctimas en este caso, «están flojo de papeles y cometieron vías de hecho en el 2014 para hacerse del lugar». Y realizó la descripción del recorrido desde el momento en que se efectuó la compra hasta la actualidad. «Ante diversas presentaciones judiciales que realizaron los denunciantes y como no se les dio la razón, entonces asumieron vías de hecho».

«Vías de hecho que a lo largo del debate va a surgir que ellos protagonizaron y son los mismos hechos que ahora acusa que cometió la comunidad», agregó el defensor.

«Nosotros como defensa tenemos que la Comunidad ejerció sus legítimos derechos, que le reconoce la ley, en diferentes estamentos de permanecer en su territorio, usufructuarlo y mantenerlo y que eso jamás puede ser un delito.

No es un delito por todos los inconvenientes que dije, el Superior General de Justicia hace un único análisis respecto de la tipicidad, pero no es casual que numerosos jueces e incluso miembros del Ministerio Público Fiscal hayan entendido que esas son nuestras leyes. Así que, esa va a ser la tesis que vamos a defender desde este lugar».

Declaró un solo testigo en esta primera jornada de debate, uno de los hombres que detentan la posesión del lote en cuestión.