El candidato del Acuerdo Cívico por Bariloche plantea incorporar mecanismos de consulta obligatoria a organizaciones ciudadanas, reconocer a los consorcios del IPPV y otorgar nuevas facultades al Instituto de Tierras y Hábitat.

También propone revisar el funcionamiento de los organismos de defensa de los derechos de los vecinos.

«La Carta Orgánica es la norma constitucional más cercana a nuestra cotidianidad. Si nos limitamos a repetir derechos que ya están contemplados en las constituciones Nacional y Provincial, habremos perdido una oportunidad», sostuvo Marcelo Cascón, al presentar más lineamientos de su propuesta para la revisión de la Carta Orgánica Municipal (COM).

Desde el Acuerdo Cívico por Bariloche, el planteo apunta a concebir la ciudad no como una estructura vacía, sino como un espacio construido por sus habitantes, donde la convivencia, el bienestar y el desarrollo urbano deben encontrar un equilibrio entre los intereses ciudadanos, comerciales y ambientales.

Más participación en las decisiones públicas.

Uno de los ejes de la propuesta es fortalecer la participación ciudadana mediante mecanismos presenciales y tecnológicos que amplíen las posibilidades de intervención de los vecinos en las decisiones públicas.

En ese sentido, se propone incorporar a la Carta Orgánica los consejos de Personas Mayores, de Niñez y Adolescencia y de Discapacidad, con convocatoria y consulta obligatorias para el diseño de políticas públicas vinculadas con la accesibilidad, la integración social y el uso y recuperación de los espacios públicos.

La iniciativa también plantea que el Concejo Municipal sea responsable de convocar a estos espacios y que se establezcan mecanismos de control y sanciones ante eventuales incumplimientos.

Otro de los puntos contempla otorgar a las organizaciones vecinales de los consorcios del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) un reconocimiento jurídico y una representatividad equivalentes a los de las juntas vecinales, especialmente cuando se debatan iniciativas que afecten a sus comunidades.

«No hay vecinos de primera y de segunda. Todos somos iguales y nuestros derechos a organizarnos y ser escuchados deben estar reconocidos en nuestra norma fundamental», sostiene el planteo del espacio.

Más atribuciones para el Instituto de Tierras y Hábitat

En materia de acceso al suelo y a la vivienda, el Acuerdo Cívico por Bariloche propone fortalecer el Instituto de Tierras y Hábitat mediante la ampliación de sus facultades.
El objetivo es que el organismo tenga mayor incidencia en la planificación del suelo urbano y en el desarrollo de la infraestructura de servicios asociada, con autonomía organizacional, autarquía y participación vecinal en las áreas donde intervenga.
La propuesta también contempla una integración profesional del Instituto, para que deje de funcionar principalmente como una ventanilla de reclamos y asuma un papel activo en las decisiones estratégicas vinculadas con el hábitat, el suelo y el acceso a la vivienda.

Revisar los organismos de defensa de derechos

Finalmente, la iniciativa plantea revisar el modelo de elección, organización y funcionamiento de la Oficina Municipal de Información y Defensa al Usuario y Consumidor (OMIDUC) y de la Defensoría del Pueblo.

La propuesta apunta a unificar, reorganizar y articular las instancias de defensa de los derechos de los habitantes, con un enfoque transversal y profesional que favorezca respuestas más ágiles, atención inmediata, mediación y resolución de conflictos.
Desde el espacio sostienen que la revisión de la Carta Orgánica debe partir de una mirada integral sobre la calidad de vida y traducirse en instituciones más accesibles, mayor participación ciudadana y herramientas concretas para atender las necesidades de los vecinos.

El objetivo, concluyen, es acercar la norma fundamental de Bariloche a la vida cotidiana y contribuir a la construcción de una ciudad pensada para quienes la habitan.