La Legislatura de Neuquén decidió suspender a la vicegobernadora de esa provincia, Gloria Ruiz, luego de que se dieran a conocer denuncias por supuesto manejo irregular de fondos públicos y peculado por parte de su hermano, Pablo Ruiz, quien se desempeñaba como coordinador del parlamento provincial.

EL COMUNICADO OFICIAL DEL CUERPO LEGISLATIVO

La Cámara de Diputados de la provincia separó preventivamente del cargo a la vicegobernadora Gloria Ruiz al votar esta tarde en sesión especial la resolución 1219. La iniciativa dispone la creación de una comisión investigadora que analizará las “pruebas relacionadas con los hechos denunciados que pesan sobre la vicegobernadora, garantizando su derecho a la defensa y el debido proceso”.

Estará conformada por los presidentes de los 13 bloques políticos y tendrá hasta 30 días hábiles para emitir un informe. La resolución establece que la separación preventiva del cargo será una medida precautoria y temporal mientras dure el proceso, a fin de proteger la investigación y garantizar su correcto desarrollo.

Previo a la votación, Ruiz hizo uso de la palabra para calificar de “inconstitucional” la separación preventiva del cargo y de responsabilizar “a quienes lo voten”. Mencionó por caso que la figura no está contemplada en la Constitución Provincial y adelantó que elevará la medida a los tribunales por entender que constituye un “atropello” y una “discriminación política”.

Además, sostuvo que no se demostró ningún riesgo que ponga en peligro el proceso de investigación y consideró que ya existe un prejuzgamiento de quienes integrarán la comisión. Argumentó también que no se conocen los “hechos formales” sobre los que recaería la acusación y que la decisión constituye un “invento de los diputados para desestabilizar al Poder Legislativo”. “No existe una sola prueba presentada”, aseguró, tras criticar la falta de división de poderes y pidió a los diputados que “no sean cómplices de este avasallamiento” a la Legislatura.

La vicegobernadora solicitó un cuarto intermedio de cinco días pero el pleno rechazó la moción y continuó con la votación que alcanzó 29 votos positivos y ninguno negativo en su tratamiento en general. Los votos favorables devinieron de los bloques DC-Comunidad, MPN, Hacemos Neuquén, PRO-NCN, Avanzar; Arriba Neuquén, Neuquén Federal, Cumplir, JxC-UCR y Juntos, mientras que los bloques UxP, PTS–FIT-U y FIT-U se abstuvieron de votar tras cuestionar el procedimiento. En la votación en particular, César Gass (JXC-UCR), Gerardo Gutiérrez, Daniela Rucci y Paola Cabeza (MPN) votaron en forma negativa el artículo que dispone la separación del cargo.

El procedimiento que establece la resolución fija un plazo de hasta 30 días hábiles para que la comisión investigadora presente un informe final ante la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) en el que recomiende la procedencia o no de declarar la inhabilidad moral de la vicegobernadora. El informe será trasladado a Ruiz, que tendrá un plazo de 3 días, prorrogable por otros 3 a pedido a de partes, para ejercer su derecho a la defensa.

El debate

El diputado Claudio Domínguez (MPN) afirmó que la resolución no implica que se esté votando la inhabilidad moral sino la constitución de una comisión que va a investigar si hubo o no actitudes y comportamientos inadecuados. “No hay que tener miedo a que se investigue”, aseguró, tras remarcar que hay que analizar no solo las acciones sino también las omisiones.

El jefe del bloque del oficialismo, Ernesto Novoa, dijo que la comisión investigadora no analizará cuestiones penales y remarcó que está garantizado el derecho de defensa. “Acá tenemos que tutelar la confianza que depositó el pueblo en sus representantes”, sostuvo. Por su parte, Yamila Hermosilla, del mismo bloque, hizo eje en que los fondos públicos “son de los neuquinos” y defendió el procedimiento aprobado en la resolución. “No estamos haciendo nada por fuera de la ley”, indicó.

El diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) dijo que la investigación es necesaria “porque no hubo una explicación” y le reclamó a la vicegobernadora una explicación sobre “transferencias, extractos bancarios y cuentas”. Su compañera de bloque, Verónica Lichter, afirmó que “para saber de qué se trata es imprescindible investigar”, mientras que, por el mismo espacio, Damián Canuto destacó que la Cámara “no es un tribunal” sino un cuerpo parlamentario con representantes que, por tanto, hace consideraciones políticas y puede resolver “problemas que le son propios”.

El jefe del bloque del MPN, Gabriel Alamo, aseguró que el proyecto “no pretende imputar, condenar ni tomar juicio de algo que no nos corresponde” y subrayó que los diputados “tenemos que actuar conforme a lo que nos habilita la Constitución”. En esa línea, defendió la conformación de una comisión para evaluar e investigar.

Por UxP, Darío Peralta contextualizó la suspensión de Ruiz en la pelea interna con el gobernador Rolando Figueroa y objetó que, si bien es correcto que se investigue la eventual existencia de “un hurto, un robo o una estafa al Estado”, se pretende que la Legislatura solucione “lo que no pudo resolver esta pareja política”. Indicó que la resolución demuestra el poder y el autoritarismo, “digno de quien lo impulsa”, y advirtió que va a generar un antecedente “muy duro” en la historia política de la provincia.

Por el mismo bloque, Darío Martínez también cuestionó la “gravedad institucional extrema” de la medida y consideró que el mecanismo apropiado es el juicio político y no la separación del cargo a través de una resolución. “Queremos ser lo más estrictos posibles en el procedimiento, sin zonas grises”, manifestó. Su compañera de bloque Lorena Parrilli justificó su abstención en la falta de claridad y expresó que se trata de un “atropello a la institución”.

Desde Avanzar, Franciso Lepore remarcó que el pleno efectúa una valoración política, lo que constituye una facultad exclusiva y privativa del Poder Legislativo, no del Judicial. “Acá pasaron cosas y queremos saber”, indicó tras mencionar que en la provincia “hay cosas que cambiaron” con la nueva gestión de gobierno y que la transparencia en el uso de los fondos públicos constituye una de ellas. “A mayor cargo, mayor responsabilidad” concluyó el legislador.

Carlos Coggiola (Neuquén Federal) avaló la separación preventiva del cargo y calificó de “graves” los hechos vinculados al “uso discrecional de fondos públicos”. Lamentó la “falta de autocrítica” de quien conduce la Legislatura así como la partida de gastos discrecionales del proyecto de presupuesto legislativo original, incrementada 50 veces en relación con la del año anterior. La necesidad de investigar “tiene que ver con estas decisiones sobre el gasto público”, sintetizó.

Desde la izquierda, Andrés Blanco (PTS-FIT-U) pidió la abstención bajo el argumento de que la medida “es parte de una rosca política cristalizada” ajena a los problemas de la sociedad neuquina. En tanto, Gabriela Suppicich (FIT-U) criticó que el proyecto “no tiene ningún objetivo contra la corrupción”.

A su turno, César Gass (JxC -UCR) se pronunció a favor de la comisión investigadora para conocer qué pasó y dijo que “jamás toleraría la corrupción”. Pidió no separar del cargo a la vicegobernadora al advertir que no hay indicios de obstaculización de la investigación..

Un planteo similar expuso el diputado Gerardo Gutiérrez (MPN), quien consideró atinado investigar los hechos “para llevar claridad a la ciudadanía” y, a la vez, opinó que “no hay indicios concretos” para suspender a Ruiz.

La 8° sesión especial comenzó a las 17.15 y finalizó a las 20.45. Fue presidida por la vicegobernadora Gloria Ruiz y contó con la participación de 34 diputados y diputadas.

A pedido de Novoa, la sesión fue presenciada por un escribano público en el recinto. En el sector de la barra se ubicaron trabajadores legislativos y un grupo de personas en apoyo a Ruiz.

El Comunicado oficial está fechado en Neuquén, el 27 de noviembre de 2024, emitido por el área de Prensa de la Legislatura Neuquina.-

ADEMÁS, Durante la sesión se creó también una «comisión investigadora» que tendrá 30 días hábiles para analizar los hechos que involucran a la vicegobernadora de Rolando Figueroa.

“Es lamentable”, se quejó la vicegobernadora y presidenta del cuerpo legislativo en un contacto con algunos militantes durante la sesión. La suspensión se basó en la “inhabilidad moral” de Ruiz para continuar en el cargo.

La denuncia contra Pablo Ruiz incluye presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos y participación en maniobras ilícitas. Estas acusaciones pusieron en cuestión la figura de la titular del parlamento provincial a raíz del vínculo cercano que mantiene con el coordinador de la Legislatura.

La vicegobernadora había anunciado el martes la desvinculación del cargo que desempeñaba Ruiz como coordinador de la Legislatura provincial. Según indicó en un comunicado, la medida pretende «garantizar la independencia del Poder Judicial» y «asegurar que las investigaciones avancen sin interferencias».

«He tomado la decisión de despedir del cargo al Coordinador de Casa de las Leyes, Sr. Pablo Ruiz, en virtud de la investigación iniciada, buscando asegurar que no se interfiera en el accionar del Ministerio Público Fiscal y garantizando de esta forma la independencia del poder judicial», expresó Ruiz.

En tanto, afirmó que el personal legislativo tiene «instrucciones de colaborar plenamente con la Justicia» y que todo lo que se requirió para ahondar en la investigación fue entregado inmediatamente para «facilitar» el accionar del Ministerio Fiscal (MPF).

Asimismo, señaló que «la transparencia institucional» es uno delos puntos más importantes de su gestión y determinó que estas decisiones «son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema judicial». Por otra parte, la oposición neuquina objetó a la vicegobernadora “por tener la habilidad moral de continuar en su cargo”.

A su vez, el abogado defensor del hermano de la titular de la Legislatura, Federico Diorio, declaró que «no existe ninguna imputación formal en su contra» y que se trata de una «estrategia política para perjudicar la imagen de Gloria».

El personal del Ministerio Público Fiscal neuquino se había hecho presente el pasado viernes en las dependencias de la Legislatura local a raíz de una orden del juez Juan Manuel Kees, quien dispuso el pedido de documentación para la causa que presenta movimientos financieros sospechosos y que podrían estar vinculados con plazos fijos de Pablo Ruiz. (Neuquendigital)