Una mujer que mantenía un vínculo de confianza de más de cuarenta años con una adulta mayor y la ayudaba con sus trámites bancarios y en las tareas cotidianas; fue imputada por estafas reiteradas cometidas en su contra. Se le atribuye haber utilizado el acceso a la cuenta de la damnificada para gestionar préstamos, transferir fondos a sus propias cuentas y realizar consumos sin su conocimiento ni autorización.

Según expuso el fiscal del caso Guillermo Lista, durante el primer semestre de 2022 la acusada se ofreció a colaborar ante las dificultades que atravesaba la víctima para realizar gestiones digitales. En ese contexto, -post pandemia Covid 19, donde fueron digitalizados múltiples trámites bancarios- obtuvo las claves de acceso a su home banking. Las mismas le fueron dadas en virtud de la relación que las unía; es hija de una amiga histórica de la denunciante.

Desde entonces y hasta enero de este año, habría operado regularmente la cuenta y gestionado al menos cinco préstamos personales. La mayor parte de los importes acreditados habría sido derivada, mediante sucesivas transferencias, a cuentas propias.

También se le atribuyen compras por internet y planes de cuotas con la tarjeta de crédito de la víctima, sin su consentimiento.

Además, la imputada le habría asegurado que había constituido un plazo fijo con sus ahorros, aunque esa inversión nunca existió. Ante las consultas periódicas sobre el estado de los fondos, le transmitía información inexacta a la mujer, que le impidió conocer la situación real de sus finanzas.

En enero de este año, luego de no obtener respuestas al preguntar por el vencimiento del plazo fijo y recibir contestaciones en malos términos; la adulta mayor concurrió a la entidad bancaria.

Fue allí cuando supo que no tenía ningún tipo de inversión y que registraba préstamos y consumos que no había autorizado. Posteriormente, tomó conocimiento de transferencias a favor de la acusada y radicó la denuncia penal.

La imputación se sustentó en la denuncia y su ampliación, informes bancarios, registros de movimientos y resúmenes de cuenta y de tarjeta de crédito, además de información sobre las cuentas bancarias y virtuales vinculadas a ambas mujeres.

La Fiscalía encuadró provisoriamente las conductas como estafas reiteradas y atribuyó a la imputada su autoría. Continúan las medidas de prueba destinadas, entre otros aspectos, a determinar el monto total del perjuicio económico.

La querella adhirió en todos los términos expuestos por la fiscalía.

La defensora particular consideró adecuado el plazo de cuatro meses propuesto para la investigación, sin que ello implicara aceptar la imputación. También anticipó que su asistida ejercerá su derecho a brindar su versión de los hechos ante la Fiscalía, con asistencia de su defensa, conforme al artículo 44 del Código Procesal Penal de la provincia.

El juez de Garantías Víctor Gangarrosa tuvo por formulados los cargos por estafas reiteradas en concurso real y fijó el plazo de investigación hasta el 8 de marzo de 2027. Además, impuso medidas cautelares de rigor.