Cuidaba a una anciana en plena pandemia, pero se contagiaron de COVID-19 y la trabajadora murió. Su familia reclamó a la ART y, después del juicio laboral, un tribunal de Cipolletti fijó una indemnización para los herederos. La Cámara del Trabajo de Cipolletti falló a favor de la trabajadora fallecida y ordenó que la aseguradora de riesgos del trabajo (ART) debía indemnizar a los familiares. La mujer se desempeñaba como cuidadora de una persona mayor en la ciudad de Cinco Saltos, y contrajo el virus en su lugar de trabajo durante la pandemia.

La demanda, iniciada por los hijos y el cónyuge de la trabajadora, solicitaba una indemnización por el fallecimiento bajo el argumento de que la enfermedad contraída debía considerarse una enfermedad profesional no listada. El tribunal determinó que la trabajadora, al ser considerada personal esencial por sus tareas de cuidado, estuvo expuesta al riesgo de contagio en su entorno laboral, lo que resultó en su fallecimiento el 10 de agosto de 2021.

La ART, Galeno S.A., intentó negar su responsabilidad y sostuvo que no se había agotado la instancia administrativa necesaria para que el COVID-19 fuese declarado como enfermedad profesional. Sin embargo, la Cámara del Trabajo rechazó esta defensa, al afirmar que la presunción de origen laboral estaba respaldada por un decreto presidencial que consideraba de carácter laboral los contagios de COVID-19 en personal esencial.

Durante el juicio, se determinó que tanto la empleadora como la compañera de trabajo de la fallecida también habían contraído COVID-19, lo que generó un contacto estrecho entre ellas. Informes médicos y una pericia judicial confirmaron que el entorno de trabajo fue el origen del contagio que derivó en el fallecimiento de la trabajadora.

El tribunal resolvió que la ART debía indemnizar a la familia de la fallecida, con una suma que contemplaba una compensación adicional por pago único y el resarcimiento por otros daños. Asimismo, se dispuso que, en caso de mora, el capital adeudado generaría intereses equivalentes a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina hasta el pago total.

Los hechos se remontan al 20 de julio de 2021, cuando la compañera de la trabajadora informó que debía aislarse por ser contacto estrecho de un caso positivo de COVID-19. Días después, tanto la persona mayor a quien asistían como la compañera presentaron síntomas y dieron positivo. El 22 de julio, la trabajadora comenzó a sentir los primeros síntomas de la enfermedad y el 27 de julio se le confirmó el diagnóstico. Su estado de salud empeoró y fue internada, falleciendo el 10 de agosto de 2021.

Tras su muerte, la familia denunció ante la ART que la empleadora no había reportado el siniestro, lo que dio lugar a la demanda y posterior resolución judicial.