Las organizaciones ambientalistas de todo el país «denunciamos el hostigamiento y la persecución contra quienes defienden el territorio frente al avance de la minería metalífera a gran escala extractiva exportadora en Mendoza y en todo el país.

Esta vez, el Estado, Minera San Jorge de Solway Holding y la Cámara de Proveedores Mineros, criminalizan a quienes resisten el saqueo y defienden el agua, el ambiente y la vida. Sabemos que las estrategias de intimidación buscan sembrar miedo para evitar que las comunidades se organicen y participen activamente en la resistencia a modelos productivos que van en contra de su elección de vida.

Los gobiernos identifican a ciertas personas que consideran que ocupan roles de liderazgo para luego perseguirlas, estigmatizarlas, desprestigiarlas y judicializarlas con el objetivo de generar temor y desmovilización. Estas acciones, no son aisladas ni aleatorias, sino que forman parte de un plan sistemático para debilitar la lucha colectiva y allanar el camino para el saqueo y la entrega de nuestros territorios.

Además, la lucha por defender el agua se realiza difundiendo información científica y conocimiento pormenorizado del territorio que los gobiernos impulsores de los extractivismos no quieren que se conozca. Se trata de maniobras destinadas a silenciar la lucha histórica de pueblos como el mendocino, el riojano y el chubutense, que en reiteradas oportunidades han expresado de manera contundente su rechazo a la megaminería impidiendo que se habilitara la actividad.

Los modelos extractivos se imponen siempre con violencia, siendo la judicialización de la protesta y la estigmatización de quienes participan en ella, una grave violación a los derechos fundamentales de expresión, participación y organización. 

Además, el Artículo Nº 9 del Acuerdo de Escazú establece la obligación de los Estados a garantizar un entorno seguro para los defensores ambientales, protegiéndolos de amenazas, persecución y violencia. Argentina, como país firmante, debe cumplir con este compromiso en lugar de criminalizar a quienes defienden el ambiente y los derechos humanos como el acceso al agua potable.

Por todo lo expresado y ante la detención de nuestros compañeros de la Asamblea de Uspallata, Federico Soria y Mauricio Cornejo, EXIGIMOS:

● El desprocesamiento y la inmediata liberación de quienes han sido criminalizados por defender el agua y el territorio. Siendo imputados injustamente acusándolos de “pertenecer a organización que busca imponer sus ideas por el terror” (Art. 213 CP).
● La renuncia del Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, la Vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, el presidente de Impulsa Mendoza, Emilio Guiñazú, el director de Minería, Jerónimo Shantal y el Intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti. Debido a que son responsables de persecución ideológica, intimidación pública y daños culposos a la salud psíquica y física de los detenidos. ● Que se separe al fiscal Juan Manuel Sánchez por incumplimiento de las Garantías Constitucionales, criminalización y encarcelamiento sin pruebas.
● Al Poder Judicial que garantice el cumplimiento de la Constitución, las leyes y los tratados internacionales vigentes en el territorio argentino. A saber, el Art. Nº 41 de la Constitución Nacional, la Ley Provincial Nº 7722, los Derechos Civiles y Políticos, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT.
● El cese de la persecución y que el Estado garantice que todas las personas puedan ejercer su derecho a defender pacíficamente el territorio, sin temor a ninguna clase de represalias.
● Que se respete la autodeterminación de los pueblos».

Siguen firmas de Asambleas, Organizaciones Ambientalistas, Asociaciones y Organizaciones de todo el país