Una extensa denuncia se presentó en el Juzgado Federal por los presuntos delitos de secuestro, reducción a la servidumbre, falsa denuncia, defraudación, estafa, asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, desbaratamiento de derechos y violencia institucional.

La denuncia fue presentada por una mujer que denunció la desaparición de su padre, de 75 años, de su madre y de su hermano, que poco tiempo antes fue externado de un hospital psiquiátrico en el que había sido alojado en virtud de sus padecimientos mentales.

De acuerdo a la denuncia, el psicólogo, el abogado y otros actores indispensables, han llevado a cabo un plan maquiavélico torciendo y manipulando la voluntad del padre para lograr apropiarse de bienes inmuebles de la familia, al tiempo que con falsas denuncias lograron mantenerla alejada de su familia con una medida de prohibición de acercamiento.

De acuerdo a la denuncia de la mujer, su hermano es manipulado por el psicólogo que lo asiste, como así también por su ayudante terapéutica y otras personas que por diferentes motivos tomaron conocimiento de los conflictos familiares derivados de la herencia familiar.

Según detalló, tanto la acompañante terapéutica como el psicólogo, llevan adelante negocios en una de las propiedades involucradas en el conflicto, tales como ventas de libros y ferias americanas, al tiempo que han cambiado candados e impedido el acceso a la propiedad de su titular.

La presentación judicial indica que las personas involucradas aprovecharon el desequilibrio familiar y comenzaron a montar emprendimientos ante la vulnerable condición.

La solicitud de investigación de los hechos, refiere que todo lo sucedido lleva a suponer que a través de engaños se ha vendido la propiedad principal de la familia, manteniendo ese hecho oculto a la familia.

Por otra parte, la denunciante refiere que se contactó con el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de Bariloche, una institución que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En el sitio fue asistida por un abogado de la matrícula local, que poco después de tomar conocimiento de todos los hechos denunciados, se acercó a los otros miembros de la familia y se constituyó como abogado querellante en procesos que inició la familia con la mujer que ahora radicó la denuncia, aprovechando toda la información confidencial que antes le había sido suministrada. (El Cordillerano)