El Consejo de la Magistratura de la Tercera Circunscripción Judicial de Río Negro realizó hoy una sesión que despertó mucha atención en razón de tratarse una denuncia de público conocimiento sobre una situación generada al interior del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial. También designó a un nuevo fiscal titular con asiento en Bariloche.

El Consejo analizó distintos expedientes disciplinarios. La mayoría fue archivado por unanimidad, conforme a las recomendaciones de la Auditoría General. En uno de los casos, vinculado a dos denuncias contra la fiscal jefa de Bariloche del Ministerio Público, el Consejo resolvió instruir un sumario administrativo para continuar con el análisis de las actuaciones.

Un cargo de Fiscal estaba vacante y tras las entrevistas de perfil y la posterior deliberación, el cuerpo eligió por unanimidad a Facundo D’Apice , quien actualmente se desempeña como adjunto en el Ministerio Público Fiscal. También integraron la terna final las fiscales adjuntas Daniela Ortiz Celoria y Sofía Ocampo, a quienes los consejeros destacaron por su desempeño durante el proceso de selección.

El acto fue encabezado por la presidenta del organismo y vocal del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Criado; también contó con la participación del Procurador general Jorge Crespo. Integraron además el Consejo los legisladores Lucas Pica, Marcela Abdala y Juan Murillo Ongaro, y los representantes del Colegio de Abogados Alejandro Valdés, Gonzalo Pérez Cavanagh, Pablo Guerrero y Alexia Gschwind.

*Tratamiento de expedientes disciplinarios*

Durante la sesión, el Consejo analizó distintos expedientes disciplinarios. La mayoría fue archivado por unanimidad, conforme a las recomendaciones de la Auditoría General. En uno de los casos, vinculado a dos denuncias contra la fiscal jefa de Bariloche, el Consejo resolvió instruir un sumario administrativo para continuar con el análisis de las actuaciones.

La decisión fue adoptada por unanimidad y se designó- por mayoría- al legislador Juan Murillo Ongaro como instructor sumariante para llevar adelante el procedimiento. El cuerpo delegó en el instructor la evaluación de eventuales medidas en el marco de la normativa vigente.

Además, el Consejo rechazó por unanimidad dos recusaciones presentadas en el marco del expediente: una fue planteada por una de las denunciantes respecto de un representante del Colegio de Abogados, y la otra, por la defensa de la fiscal en relación con la presidenta del Consejo. En ambos casos, se concluyó que no existían causales que justificaran los apartamientos solicitados.

Otro pedido, que las actuaciones queden bajo la órbita de la Procuración: también se rechazó. El propio procurador general Jorge Crespo explicó que la competencia disciplinaria sobre funcionarios del Ministerio Público corresponde al Consejo de la Magistratura, mientras que los aspectos de naturaleza penal -también denunciados- se encuentran en trámite y están a cargo de un fiscal jefe de Viedma.

Tanto Crespo como Criado remarcaron la importancia de la celeridad y eficacia en la instrucción del sumario, sin afectar el debido proceso ni las garantías constitucionales.