El Corredor Productivo Rionegrino se pronunció enfáticamente en contra del cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena que ha anunciado el gobierno de Javier Milei y que implica el despido de unos 900 profesionales, técnicos y administrativos del organismo y el cese de los programas de asistencia técnica a miles de productores y productoras, cooperativas y grupos asociativos de toda la Argentina.

El coordinador del Corredor Productivo, Jaime Arce, expresó que “con esta medida el gobierno le quita oportunidades a quienes producen alimentos para los argentinos y argentinas, retirándose del apoyo y asistencia, por lo menos al inicio de la actividad, para desarrollar el trabajo cultura que se viene transmitiendo de generación en generación.

Los productores y productoras eligen, en algunos casos, quedarse en el campo para producir y con estas medidas los llevan lisa y llanamente a la pobreza, los dejan sin oportunidad”. Arce sostuvo que “el Corredor Productivo Rionegrino es un claro ejemplo de una política de Estado que le ha dado la posibilidad a un número importante de productores y productoras de la zona, a familias que viven de esta actividad. Los productores y productoras nunca pensaron en vivir de subsidios del Estado, sino en aprovechar la oportunidad para desarrollarse, crecer, producir y vivir de esta actividad que es tan digna”.

Jaime Arce sostiene que “el Corredor brinda la posibilidad de que lleguen alimentos sanos a la mesa de los  argentinos, genera empleo, hoy que ha aumentado todo y se está comenzando con una crisis alimentaria”. “Nos duele profundamente el desdén con que el gobierno nacional de Milei desarticula una a una las herramientas de nuestros productores de la agricultura familiar.

Nos duele y nos avergüenza. La Argentina, país privilegiado por sus tierras, sus climas, su distancia al mar, sus bosques, sus lagos, sus ríos, y la capacidad de nuestro pueblo de producir alimentos, está pasando a ser el país más
caro del mundo y el de más difícil acceso a los alimentos”, expresó.

También se destaca que “el cierre del INAFCI es también un abandono liso y llano de una importante cantidad de pequeños productores de todo el país, registrados en el RENAF, que estaban contribuyendo de algún modo a abaratar productos agropecuarios, inclusive con agregado de valor, respetando pautas de calidad agroalimentaria, y construyendo lentamente el tejido socio productivo que necesitamos para acceder a una alimentación variada saludable y de bajos precios”.

Se señala también que “el cierre del instituto desconoce la ley, y sobre todo el derecho adquirido por las familias productoras. Se trata de medidas regresivas, que dejan a nuestro pueblo desguarnecido. Pero además esquilman los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras, para con ese «ajuste» llenar los negocios financieros de unos pocos, que si tienen libertad para cobrar lo que quieren, pero también para ahogar con salarios de mísera al pueblo trabajador”.

El Corredor Productivo Rionegrino cuenta con ferias y espacios de comercialización permanente en Roca, Bariloche, Viedma y San Antonio Oeste y ha llegado con ferias itinerantes a localidades como Cipolletti, Valcheta, Villa Llanquín, El Bolsón y El Hoyo, en la vecina provincia de Chubut.

Es una iniciativa que apunta a vincular a pequeños productores, agricultores familiares y trabajadores de la economía popular, con el objetivo de producir y comercializar alimentos saludables a precios accesibles en la provincia de Río Negro.

El proyecto surgió de la articulación entre la ex Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), con organizaciones sociales en el territorio. Participan productores de frutas y verduras y elaboradores de alimentos, como conservas y dulces, de todo el Alto Valle, Valle Medio, Valle Inferior, Conesa, Valle de Valcheta, Línea Sur, San Antonio Oeste y Las Grutas, Bariloche y toda la zona andina, que integran más de treinta cooperativas, grupos asociativos o unidades productivas.