El gobierno va por un recorte brutal en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), donde, luego de paralizar proyectos y avanzar con retiros voluntarios y jubilaciones forzadas, ahora pretende encarar un proceso de despidos y venta de tierras.

Las alarmas en los trabajadores recrudecieron a partir de la revelación que hizo Bichos de Campo de un «plan de acción comercial» que contempla la venta y concesión de más de 27 mil hectáreas repartidas en más de una veintena de estaciones experimentales del Inta.

De acuerdo al documento de carácter confidencial al que tuvo acceso LPO, el plan se busca desarrollar entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2027. Contempla la venta en subasta pública de medianos y grandes campos como así también el arrendamiento y posterior venta de otra serie de lotes, que van de pequeños a grandes.

Se trata de 24 inmuebles repartidos en diversos puntos del país, desde Rawson (Chubut) hasta San Antonio (Misiones). La superficie «a disponibilizar» más grande está en el campo experimental de Nueva Francia, Santiago del Estero, donde el gobierno libertario busca vender 6.505 hectáreas.

Buena parte de los campos del Inta que el Ejecutivo busca comercializar radican en la provincia de Buenos Aires (Balcarce, Pergamino, Maipú, Ayacucho, Villarino, Puan y San Pedro). También, en Córdoba (Marcos Juárez, Río Segundo), Entre Ríos (Paraná y Concepción del Uruguay) Rio Negro (El Bolson) y Santa Fe (Rafaela y Reconquista).

En los gremios con representación en el Inta acusan una «intervención directa» de Luis Caputo y Juan Pazo en el organismo, algo que terminó de consumarse tras la salida de Juan Cruz Molina Hafford, que renunció a la presidencia del Inta en medio de presiones por más ajuste.

En lugar de Molina Hafford ingresó Nicolás Bronzovich, productor de Balcarce que es miembro de la Asociación de Productores en Siembra Directa (Aapresid), entidad que tiene buena sintonía con la gestión libertaria desde sus inicios y que anotó varios nombres en organismos estatales del sector, como el de María Beatriz Pilu Giraudo, que es vice del Inta.

«El pedido de Bronzovich es que se vendan todas las tierras ociosas que se puedan vender, eso me lo dijo personalmente», dijo a LPO el delegado de ATE en el INTA José Luis Perea, que también denunció el plan de despedir entre 1.046 y 1.500 trabajadores.

Al momento, hubo 310 retiros voluntarios y se jubiló a 250 trabajadores, muchos que querían seguir desempeñándose en el organismo.

«Es una intervención a rajatabla que la vamos a enfrentar», sostuvo Perea, que adelantó que el gremio se declaró en estado de alerta y movilización, con una marcha prevista para el próximo jueves 28, fecha en que se reunirá el Consejo Directivo del Inta, que está compuesto por representantes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace.

«Las principales entidades están avalando un proceso intervencionista sobre ellas mismas, sobre el Consejo Directivo», acusó el delegado de ATE en el Inta al aludir a recientes versiones de intervención de direcciones nacionales, asistentes de extensión, vinculación tecnológica y comunicaciones del Inta por parte del Gobierno.

Por lo pronto, la entidad que más se pronunció sobre la situación del organismo es la Federación Agraria, que hizo una propuesta para evitar la venta de terrenos.

Como contó LPO, hace meses que el gobierno de Milei busca desprenderse de terrenos del Inta. Un caso reciente fue la entrega de 41 hectáreas al gobernador salteño Gustavo Sáez para que realice ahí un programa de viviendas. Esa movida generó rispideces con entidades del campo.

Voces con conocimiento del sector aseguran que, al momento, la Mesa de Enlace mantuvo un perfil bajo en el conflicto del Inta en un contexto donde las discusiones con el Gobierno pasan por las retenciones y el tipo de cambio.

Pero la creciente conflictividad podría empujar a las entidades a levantar el tono contra el desguace de un organismo del que son parte. Eso, abriría nuevas tensiones con el Ejecutivo.

Sobre la venta de terrenos, Perea sostuvo que se trata de la profundización de un proceso que se viene dando en el Inta hace años.

«En Castelar se entregaron casi 600 hectáreas frente a la presión urbana, pero en el interior, donde la presión urbana no es tan importante, fue también muy fuerte el achicamiento de los campos experimentales del Inta, en poder del AABE», dijo.

En el caso del gremio Apinta, también se declaró en estado de alerta y movilización, con asambleas previstas en todas las seccionales para definir acciones.

Según señala el «Plan de acción comercial», la delimitación de terrenos «a disponibilizar» resulta «tentativa y preliminar, encontrándose sujeta a determinación y validación definitiva mediando intervención de profesionales con competencia en materia de ingeniería agronómica, debiéndose considerar en dicho marco las condiciones del inmueble, del suelo, y de la unidad productiva mínima en la zona, entre otros factores». (LPO)