El Gobierno de Río Negro reglamentó la modificación de la Ley S Nº 3008 de ejecución penal, que restringe las salidas transitorias y los beneficios de libertad anticipada para las personas condenadas por delitos graves. De esta manera, la Provincia pone en vigencia una nueva herramienta para garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas y fortalecer la protección de las víctimas.

El Gobernador Alberto Weretilneck destacó que la medida forma parte de una política clara que viene sosteniendo la Provincia en materia de seguridad y justicia. “En Río Negro tomamos una decisión: estar del lado de las víctimas y de la gente que cumple la ley. Quien comete un delito grave tiene que hacerse responsable y cumplir la condena que le impuso la Justicia. No puede haber beneficios que terminen convirtiéndose en nuevas oportunidades para delinquir”, afirmó.

La norma, recientemente sancionada por la Legislatura provincial, establece mayores restricciones para quienes hayan sido condenados por los delitos de mayor gravedad y limita la posibilidad de acceder a beneficios antes de completar las penas impuestas por la Justicia.

La iniciativa había sido presentada por los legisladores de Juntos Somos Río Negro Lucas Pica y Facundo López y modifica la legislación provincial que regula la ejecución de las penas privativas de la libertad.

Weretilneck remarcó que esta modificación no constituye una medida aislada, sino que se integra con las reformas que Río Negro viene impulsando para evitar la denominada “puerta giratoria” y fortalecer la respuesta del sistema penal.

“Primero avanzamos con la reiterancia, para que quien comete delitos una y otra vez no siga entrando y saliendo. También impulsamos la doble condena, para que una persona con una sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia permanezca detenida mientras continúa apelando. Ahora avanzamos sobre los beneficios para quienes cometieron los delitos más graves. Hay una misma línea: el que delinque tiene que saber que hay consecuencias”, sostuvo.

La modificación alcanza, entre otros, a los condenados por homicidio simple y agravado, delitos contra la integridad sexual, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, tortura seguida de muerte y secuestro extorsivo cuando se causare la muerte de la víctima.

Además, Río Negro amplió las restricciones previstas a nivel nacional incorporando delitos como cohecho, grooming, delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito de funcionarios.

En este sentido, el Gobernador señaló que la Provincia decidió avanzar incluso más allá de los delitos contemplados por la legislación nacional. “Somos firmes con el que mata, con el que viola, con el que roba utilizando violencia, pero también con el funcionario que se enriquece ilegalmente o recibe una coima. No puede haber una vara distinta. La ley tiene que ser clara y las consecuencias también”, expresó.

La reforma tiene antecedentes en otras jurisdicciones. Mendoza inició un proceso similar en 2012 y, a nivel nacional, en 2017 se sancionó la Ley Nº 27.375, que introdujo restricciones para el acceso a determinados beneficios en casos de delitos graves. Río Negro optó por modificar su propia legislación de ejecución penal, ejerciendo sus competencias provinciales.

Finalmente, Weretilneck sostuvo que “durante demasiado tiempo la discusión penal estuvo concentrada en los derechos del delincuente y se dejó a la víctima en segundo plano. Nosotros queremos recuperar ese equilibrio. En Río Negro, la víctima importa, la seguridad de la sociedad importa y las condenas de la Justicia se tienen que cumplir”.

Con la reglamentación de la nueva normativa, el Gobierno Provincial profundiza una política de seguridad y justicia basada en reglas claras, mayor protección para la comunidad y consecuencias concretas para quienes cometen los delitos más graves.