A los escándalos en Allen y Cinco Saltos, se sumó el pedido del Ministerio Público Fiscal para imputar al intendente de Campo Grande, Daniel Hernández, a un ex concejal, dos en actividad y una mujer, por una operación inmobiliaria que habría generado un millonario perjuicio a la Municipalidad.

La causa es por presunta defraudación contra la administración pública, a partir de una compra de terrenos destinada a una escuela que, según alegan desde la acusación, tuco un proceso plagado de irregularidades y que no tuvo tratamiento legislativo.

La audiencia se realizó el lunes en el Foro Penal de Cipolletti, y terminó envuelta en tensión y planteos judiciales que frenaron, al menos por ahora, la imputación formal.

Según detalló el fiscal jefe, en septiembre de 2024 los funcionarios avanzaron en la compra de 14 lotes que supuestamente serían destinados a la construcción del edificio de la Escuela Primaria N°300, en la localidad de San Isidro.

El monto pagado: 204 millones de pesos, equivalentes en ese momento a unos 165 mil dólares.

Para la Fiscalía, la operación fue irregular desde el inicio. La mujer señalada como vendedora habría ofrecido los terrenos como propios cuando solo contaba con un boleto de compraventa. Además, los habría vendido como si estuvieran subdivididos en 14 parcelas, cuando en realidad figuraban registralmente como un único lote.

“El acto fue defraudatorio porque se violaron los deberes a su cargo”, sostuvo el fiscal jefe. Según explicó, la adquisición no fue tratada, debatida ni votada en el Concejo Deliberante. Tampoco se declaró la utilidad pública del terreno, no hubo tasación previa ni informes de dominio. Aun así, se pagaron los 204 millones de pesos.

El presunto sobreprecio

El dato más explosivo -reveló LMC- es la diferencia entre lo abonado y el valor estimado del inmueble. De acuerdo a la Fiscalía, el lote completo tendría un valor aproximado de 28 mil dólares. Incluso si se lo considerara subdividido en 14 partes, el precio ascendería a 96.400 dólares.

En ese escenario, el perjuicio económico para el Municipio oscilaría entre 68 mil y 137 mil dólares, dependiendo del cálculo que se tome como referencia.

El fiscal también sostuvo que la supuesta vendedora habría obtenido un lucro indebido, señalando que previamente se instaló como vocera de un grupo de padres que reclamaba por el edificio escolar, incluso con cortes de ruta, y luego promovió la venta del predio que -según la acusación- estaba sobrevalorado.

Audiencia suspendida y tensión judicial

Cuando todo parecía encaminado a la formulación de cargos, la defensa pidió excluir al querellante —un ex concejal de la localidad— al considerar que no era un particular directamente afectado.

El juez de Garantías hizo lugar al planteo y apartó al querellante. La parte acusadora presentó una reserva de impugnación, lo que dejó en suspenso la imputación hasta que un nuevo magistrado revise la decisión.

Así, el expediente quedó en pausa, pero el impacto político ya está instalado. La posible imputación por defraudación agravada contra funcionarios públicos abre un frente judicial que podría escalar en las próximas semanas y tener fuertes repercusiones en la escena política de Campo Grande.