Mediante una Acordada firmada por el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General. Quienes ingresen a los edificios judiciales, integrantes del Poder Judicial, operadores o ciudadanía en general, podrán hacerlo sin barbijo, pero la obligatoriedad del tapabocas se mantiene siempre que en un ámbito cerrado no se pueda guardar una distancia mínima de dos metros con el resto de las personas con quien se interactúe.

Así, por ejemplo en una audiencia judicial, la obligatoriedad o no del barbijo dependerá la distancia respecto a otras personas. De esta manera se garantiza la presencialidad plena sin que tampoco existan limitaciones de aforo. La actualización del protocolo ha sido constante y ha acompañado las distintas etapas sanitarias de la pandemia.

Asimismo, ya no resultará obligatoria la obtención de turno previo a los fines de ingresar a dependencias del Poder Judicial. El turnero digital había sido una solución para organizar los accesos. De todas maneras, por su utilidad, continuará vigente en la página web del Poder Judicial.

En caso de solicitarse y obtener un turno, tanto en los ingresos a edificios como en las ventanillas de atención de los diferentes organismos, “se priorizará la atención de las personas usuarias que tengan turno respecto de quienes no, aún en caso de coincidencia horaria en el lugar de que se trate”.

En la Acordada se dispone que el Centro de Documentación Jurídica ordene los textos. Ese organismo oportunamente generó un subsitio para la compilación de toda la normativa Covid.

También la Acordada anula un anexo vigente que reglamentaba la realización de juicios por jurados en pandemia. De esta manera, se regirá por la norma general: presencialidad de periodistas y público, con barbijo solo si no hay un distanciamiento mínimo de dos metros.

La resolución del STJ y la Procuración General se enmarca en la última resolución del Poder Ejecutivo Nacional, que a través de la Resolución N° 705/22 del Ministerio de Salud actualizó las recomendaciones de prevención contra el virus.

En la Acordada judicial se consigna también el regreso de las pasantías de estudiantes universitarios con presencialidad en los edificios, las normas para ventilación de ambientes y recomendaciones para cada uno de los sectores de trabajo, según su rutina y servicios prestados.