El Primer mandatario señaló que como Jefe de Gabinete no benefició con contratos de obra pública a un empresario vinculado al gobierno de la entonces presidenta. En su presentación hizo la salvedad al cuerpo que “Estamos discutiendo decisiones políticas”.

Alberto Fernández, se ha sentado este martes ante un juez. No como acusado, sino como testigo. Lo hizo en forma presencial, cuando pudo hacerlo por escrito. Durante dos horas y media, defendió a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de las acusaciones de corrupción que enfrenta.

Habló como exjefe de Gabinete entre 2003 y 2008, parte del período en que se produjeron los presuntos delitos investigados: un desvío discrecional de fondos de obra pública a favor de Lázaro Báez, un empresario ligado al kirchnerismo que en pocos años pasó de ser un ignoto cajero de banco a multimillonario.

Báez cumple en la cárcel una condena de 12 años por lavado de dinero. En marzo de 2021, la justicia argentina lo encontró culpable de blanquear activos por 60 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando su nombre figuraba entre los contratistas del Estado preferidos o en todo caso beneficiados por licitaciónes del kirchnerismo.

Báez era en aquel tiempo dueño de Austral Construcción, una empresa con sede en Santa Cruz, que fue bastión político de los Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner es ahora investigada en una causa paralela por supuestamente beneficiar a Báez con contratos millonarios a cambio de sobornos.

Las acusaciones se basan en una auditoría encargada por el Gobierno de Mauricio Macri, de la que ahora se duda ante lo conocido de las acciones de ese gobierno, referidas a 51 obras públicas de seguridad vial.

Austral se encargó del 82% de las licitaciones en Santa Cruz durante la Presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y percibió en total más de 4.000 millones de pesos (equivalente a unos 300 millones de dólares al cambio monetario de 2015, cuando Cristina Kirchner entregó el poder a Macri).

La defensa de Cristina Kirchner pidió que declarasen todos sus exjefes de Gabinete para que explicasen al juez cómo se resuelve el reparto de fondos para obras de infraestructura, situación que desconoce la mayoría de los habitantes del país.

Fernandez, aclaró que no hay una norma que diga cómo deben repartirse los fondos nacionales para obras de infraestructura en las provincias, pero negó que se trate de una decisión arbitraria del presidente.

“Lo que están discutiendo son decisiones políticas no judiciables, y esas decisiones presupuestarias de ningún modo pueden ser arbitrarias”, dijo el Presidente. Explicó entonces que el presidente, cualquiera sea, no está al tanto de los contratos, sino apenas de una versión general del presupuesto.

“No se tiene en cuenta cómo funciona la aprobación de un presupuesto, no es decisión de un presidente decidir dónde se gasta la plata. Lo propone en el proyecto. Eso va al Congreso y se genera un debate enorme dentro del Congreso, porque cada diputado y senador pelea para llevar recursos a sus provincias”, dijo Fernández.

“Definitivamente, no”, respondió cuando el abogado de la defensa que le preguntó si Cristina Kirchner integraba una asociación ilícita para favorecer a Báez, como sostiene la querella.

Las idas y vueltas de la política argentina terminaron en un hecho sin precedentes: un presidente en funciones declaró como testigo presencial a pedido de su vicepresidenta.