El Presidente Alberto Fernández y doce gobernadores acordaron este Martes, en un hecho sin antecedentes en la historia argentina, impulsar de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acusándolos por «mal desempeño de sus funciones» y «manifiesta parcialidad» a la hora de dictar fallos.

Alberto Fernández encabezó en la Casa Rosada el segundo encuentro con los mandatarios que, en línea con el Gobierno nacional, rechazan la medida cautelar dictada por el máximo tribunal en favor de la ciudad de Buenos Aires en torno a un diferendo por los fondos destinados al traspaso de la Policía a la órbita porteña.

Uno de los voceros luego del encuentro fue el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien explicó a la prensa que la firma del pedido de juicio político se realiza «en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional en virtud del mal desempeño en las funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».

Aunque durante varios días se había sostenido que el pedido de juicio político sería solo contra el titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti (además titular del Consejo de la Magistratura), ahora se señaló que el proceso será también contra el resto de los integrantes: Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

dijo que en el documento que desde el Poder Ejecutivo enviarán a la Cámara de Diputados se expondrá «una multiplicidad de hechos» supuestamente irregulares atribuidos al máximo tribunal. Detalló que van desde «la violación de la Ley de Ética Pública» hasta el mal desempeño «a partir de decisiones que tienen que ver con la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.080», que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada ley 24.937.