Móviles de la Policía Federal secuestraron de las seis viviendas de la toma de Mascardi, lavarropas, televisores, electrodomésticos y grupos electrógeno además de prendas de vestir y artículos personales, que quedarán a resguardo de la justicia hasta que ésta ordene la entrega sus legítimos dueños tras comprobarse no haber sido robados.-

La tarea se realizó este miércoles y anticipa la posible demolición de las estructuras edilicias ilegales y aquellas en riesgo de derrumbe luego de los incendios que provocaron los violentos de la toma.-

Las viviendas contaban con suministro eléctrico que sustraían de una línea de media tensión que alimentaba a Villa Mascardi, aunque también contaban con grupos electrógenos que habrían sido aportados -según denunciaron los vecinos- por los cómplices de la toma en el gobierno nacional.-

REFRESCANDO LA HISTORIA DEL CONFLICTO

La toma se originó en el sueño de una niña de 16 años que dijo que sus antepasados le indicaron que debían asentarse ese lugar.-

No canalizaron sus reclamos por las vías de derecho contempladas en la Ley y la Constitución, no se inscribió ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni pidió ser relevada, como es el procedimiento habitual previsto por la ley y resoluciones que regulan la materia.

El INAI expresamente informó en diversas oportunidades que no tiene registro ni petición alguna vinculada con este grupo de personas, el cual, por el contrario, sí se inscribió en el año 2012 pero integrando otra comunidad (“Lof Colhuan-Nahuel”) y reclamando su ancestralidad en otras tierras que sí le fueron reconocidas, en el barrio Virgen Misionera en esta misma ciudad.

Con el tiempo, los integrantes de este grupo decidieron mutar su reclamo hacia otras tierras pero esta vez por las vías de hecho. Para ello contaron con la complicidad de funcionarios políticos del INAI que obviaron los pasos legales con fines concretos de adjudicación.-

En concreto, trataron hacer propios (por la fuerza y la violencia) diversos predios en Villa Mascardi, sin ninguna prueba de ancestralidad en el lugar, sin seguir las vías que el Estado de Derecho prevé para estos supuestos y sin reconocer los límites que la administración de justicia ha intentado infructuosamente imponer durante estos años.

En este conflicto interviene tanto el fuero federal, con la actuación de esta fiscalía y del Juzgado Federal de Bariloche, como la justicia ordinaria de la 3ª Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro.