El legislador del bloque Partido Justicialista – Nuevo Encuentro (PJ-NE), Leandro García, expresó su disconformidad con los proyectos del Gobierno de Río Negro sobre la prórroga de las concesiones hidrocarburíferas y la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Ambos proyectos serán tratados mañana en la sesión de la Legislatura, junto con el aumento del impuesto a los Ingresos Brutos y la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial.

García manifestó que «el régimen de incentivos a las grandes inversiones, sancionado por el Gobierno Nacional, es perjudicial para la provincia, promueve un modelo extractivista de recursos naturales y reprimariza la economía.
Nos perdemos la oportunidad de aprovechar nuestros bienes naturales comunes para lograr un desarrollo local significativo». En declaraciones mediáticas, señaló que «este régimen promueve la explotación de recursos naturales que ya tienen ventajas comparativas para exportar».
Argumentó que «no se necesitan estos incentivos para que haya inversiones, el acuerdo Petronas-YPF de 2022 es una demostración.
Estamos renunciando a recursos provinciales, además de complicar la situación externa porque estás empresas no están obligadas a liquidar los dólares en Argentina, no promueve un entramado productivo local ni genera empleo, aumentando las dificultades financieras y económicas para la provincia».

Respecto a la renegociación de contratos hidrocarburíferos, el legislador reconoció la necesidad de atraer inversiones, pero criticó la falta de una revisión adecuada de las inversiones realizadas y la relación entre la rentabilidad de las empresas y las inversiones efectuadas. Aunque el bloque aún no tiene una postura unánime, García afirmó que «el proceso de renegociación es necesario pero subrayó la falta de claridad en la estrategia provincial para garantizar que las inversiones se traduzcan en mayor producción y sustentabilidad ambiental y social».

El legislador también enfatizó la importancia de tener en cuenta las externalidades negativas de la industria hidrocarburífera, como el impacto en la infraestructura vial y el medio ambiente. Según García, «el actual régimen no aborda adecuadamente estas externalidades ni la necesidad de que el Estado compense con incentivos a la reconversión de la matriz productiva y planes de remediación ambiental inmediatos».

Finalizó «es lamentable que por el vaciamiento de la obra pública de Milei, los municipios vean esta negociación como la única manera de acceder a financiamiento para obras de infraestructura, tan necesaria en los municipios».

En relación a la modificación impositiva comentó «estamos trabajando en modificaciones para retirar actividades y evitar que se aumenten alícuotas en actividades que se puedan trasladar a los usuarios, si estamos de acuerdo en gravar actividades vinculadas a actividades extractivas».