Los rionegrinos somos dueños del agua. Recientemente, el Gobierno Nacional parece haber resuelto en “solitario” la discusión sobre la finalización de las concesiones de las represas en Río Negro y Neuquén, al reafirmar la decisión de traspasar su manejo a la empresa estatal Enarsa (Energía Argentina SA).

Siguiendo con nuestra postura de defensa de los valores e intereses de los rionegrinos -un compromiso que asumimos desde que fuimos elegidos por el voto popular-, volvemos a ratificar que Río Negro debe tener un rol protagónico en esta discusión. No podemos permitir que avasallen nuestra autonomía y manejen nuestro futuro desde el centralismo nacional.

Esta resolución inconsulta ignora por completo lo aprobado en mayoría por la Legislatura de Río Negro y el Parlamento Patagónico. Además, desconoce el Acta Acuerdo firmado entre ambos gobiernos provinciales en 2021, que apunta hacia una administración tripartita de las hidroeléctricas. Pero, fundamentalmente viola el principio de federalismo dispuesto en los artículos 41, 121 y 124 de la Constitución Nacional.

Antes de discutir quién debe generar la energía, al vencer las concesiones de las represas en este 2023, debemos reafirmar a quién corresponde el “recurso del agua”. Siendo las provincias las “dueñas” originarias del mismo. Concretamente, así lo dispone el artículo 124 que establece: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.”

Se desprende de esta apartado de la CN que el agua es un bien provincial, al igual que sus múltiples aprovechamientos. Por lo tanto, los Estados Provinciales deben tener un carácter protagónico en torno a las decisiones sobre el futuro de sus recursos, fundamentalmente de uno tan estratégico como lo es la energía hidroeléctrica.

Y aunque Nación podría atribuirse la facultad del manejo de las represas -en defensa del Sistema Eléctrico Nacional-, encuentra limitaciones en la administración de las centrales por parte de los Estados Provinciales. Así lo dispone el artículo 121, por el cual la Nación no puede avasallar el poder originario que conservan las provincias, como entidades que anteceden a la creación del Estado Nacional.

Nuestro recurso agua, el cual compartimos con la provincia de Neuquén, sirve para generar el 41.1% de la energía hidroeléctrica del país, por lo que su impacto es fundamental para el desarrollo de los argentinos. No venimos a perjudicar a nadie, simplemente pedimos un trato justo, hacer uso de nuestras facultades, reafirmar nuestra autonomía y darle a los rionegrinos lo que es de los rionegrinos.

Por todo esto, seguimos reafirmando que necesitamos emprender un diálogo de consenso, necesitamos poder ser protagonistas de nuestro futuro. Esperamos que el Gobierno Nacional tome conciencia de que están en juego nuestros principios fundamentales. Este tipo de resoluciones no pueden ser tomadas en solitario y sin el aval de sus “dueños originarios”.