Dos hombres -padre e hijo- quedaron imputados como coautores del homicidio de Ceferino Antonio Paine, ocurrido el 27 de septiembre en un establecimiento rural de Pilcaniyeu. La fiscal del caso Daniela Celoria y la fiscal adjunta Nieves Papa Tello les atribuyeron, de manera provisoria, haber participado conjuntamente en la agresión que causó su muerte.

Según la acusación, el episodio ocurrió cerca de las 18:30 en el establecimiento San Rafael y se habrían utilizado llaves de cruz para golpear a la víctima. El informe del médico forense, ampliado tras la autopsia, registró múltiples lesiones en la cabeza y una lesión defensiva en un brazo.

Para sustentar la imputación, las fiscales presentaron las actuaciones policiales, la inspección del lugar, los primeros resultados de Criminalística y la información forense. También informaron el secuestro de teléfonos, prendas de vestir, una cámara de seguridad y elementos que podrían estar vinculados con la agresión. Ese material será analizado durante la investigación.

Ambos imputados declararon en la audiencia, brindando cada uno su versión de los hechos. El defensor penal oficial Nelson Vigueras no se opuso a la formulación de cargos, aunque planteó que la investigación deberá determinar la participación de cada uno y evaluar otra hipótesis de defensa respecto de uno de ellos.

Solicitó, además, que se excluyan del acta policial las manifestaciones atribuidas a uno de los hombres luego de preguntas del personal interviniente. El juez de Garantías Ricardo Calcagno hizo lugar a ese planteo porque fueron obtenidas sin asesoramiento de la defensa. También declaró legales las detenciones, tuvo por formulados los cargos por homicidio simple y fijó plazo para investigar hasta el 1 de marzo de 2027.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de ambos imputados por considerar que existían riesgos de entorpecimiento de la investigación y de fuga, y señaló que la escena habría sido modificada antes de la llegada de la policía. La defensa cuestionó esos fundamentos y propuso medidas alternativas. Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías dispuso que los hombres se presenten semanalmente en la comisaría más cercana a sus domicilios, informen cualquier cambio de residencia o ausencia y aporten un número de teléfono en caso de adquirir uno.