La Senadora Silvina García Larraburu indicó que el rechazo al DNU 70/23 en la Cámara Alta es un intento por “disminuir el deterioro generalizado de las condiciones de vida de la población”. Detalló: “Este Gobierno entre diciembre y enero creó 3,6 millones de nuevos pobres en Argentina, el poder de compra de los trabajadores registrados cayó un 20,7%, y se licuaron las jubilaciones.

Las personas mayores tienen que elegir si compran comida o remedios. La devaluación del 118%, más la liberalización de precios propiciada por el DNU 70/23, produjo incrementos en los medicamentos de hasta el 83% en diciembre.

En enero continuó la escalada, y los 10 remedios más consumidos subieron un 31% en promedio. Ante esta situación, la venta en farmacias cayó un 45%. Para colmo, el Decreto desfinancia la producción pública de medicamentos y vacunas, con el claro objetivo de favorecer un negocio en detrimento del derecho a la salud”.

“Sabemos que veníamos de una situación muy difícil, pero este programa de gobierno -basado en la crueldad- vuelve a instaurar la miseria planificada. El primero de marzo escuchamos al Presidente vanagloriarse con el superávit fiscal de enero.

Lo que esconde este número es la magnitud del ajuste. La licuación de las jubilaciones explica más del 40% de la reducción del gasto; mientras que el desfinanciamiento a las provincias es inaudito. En febrero las transferencias cayeron un 84%; y Río Negro sufrió recortes del 54%”, agregó.

En relación al impacto en la economía real, señaló que: “con el freno de la obra pública la construcción se desplomó un 21,7%; y el Índice de producción industrial retrocedió 12,4% en enero; mientras que las ventas minoristas de las Pymes exhibieron una caída del 27% acumulado durante el primer bimestre del año. Están provocando un industricidio”

“La destrucción del tejido social y de las posibilidades de desarrollo nacional se aceleran mientras el DNU 70/23 siga vigente. En él se establece una nueva apertura indiscriminada en materia comercial y financiera. Las modificaciones a la Ley de Compre Argentino pretenden acabar con una de las herramientas más eficaces que tienen los países para incentivar su industria, y especialmente a las Pymes.

Como si fuera poco, se inaugura una nueva etapa de privatizaciones. Al modificar la Ley 25.108 se habilita la venta del Banco Nación, el cual no es deficitario. Con sus 739 sucursales llega a los municipios más pequeños -no rentables para los privados-, financia a los sectores productivos, y cumple una función social”, argumentó.

Concluyó: “El daño realizado en estos tres meses es inédito en la historia del país. Están arremetiendo contra todos y cada uno de los argentinos y argentinas”.