El Bloque Incluyendo Bariloche emitió un dictamen en el Consejo de Planificación Municipal (CPM) «rechazando el «Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del Cerro Catedral» (PDDUA CC) impulsado por el Ejecutivo y la concesionaria CAPSA.

No se trata de una simple actualización urbanística. El proyecto pretende urbanizar 79 hectáreas para albergar 13.389 nuevos habitantes en áreas de alta fragilidad ambiental, violando normativas vigentes y la Carta Orgánica Municipal.

Las irregularidades centrales

Violación de la Carta Orgánica Municipal: El Artículo 214 establece que el Cerro Catedral es «porción inalienable del patrimonio del pueblo barilochense». La división parcelaria y enajenación de tierras que propone el plan contradice este mandato. Además, rige una suspensión de loteos en zona oeste hasta contar con un Plan Estratégico, condición que este proyecto no cumple.

Nulidad del procedimiento: El Ejecutivo intenta eludir el tratamiento de Rango Temático I, que exige Audiencia Pública Obligatoria y doble lectura legislativa para proyectos de esta magnitud. El expediente avanza sin los dictámenes previos de las direcciones de Catastro, Obras Particulares y Medio Ambiente.

Impedimentos ambientales y geológicos: El plan ignora la Ordenanza 1640-CM-06 que exige un Código de Peligros Geológicos previo a cualquier urbanización. Zonas como «La Cantera» presentan riesgos de remoción en masa no evaluados. También se pretende urbanizar sobre humedales críticos (AOC 5 y 6) y se utiliza un mapa de bosque nativo desactualizado, incumpliendo órdenes del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

La normativa nacional exige una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para proyectos de esta envergadura. El «Informe de Sensibilidad Ambiental» que ofrece la empresa no está contemplado en la legislación local.

Funcionamiento irregular del CPM: El tratamiento del proyecto excluyó al Consejo de Planeamiento Estratégico (CPE), al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), a la Defensoría del Pueblo y a más de 100 Juntas Vecinales. La reunión del 9 de febrero se levantó intempestivamente sin cumplir el orden del día, impidiendo el debate. Información clave del expediente se actualizó fuera de los plazos de consulta, vulnerando el derecho a la información pública ambiental.

Nuestras exigencias

– Suspensión inmediata del tratamiento del PDDUA CC hasta regularizar el procedimiento técnico administrativo.
– Derogación del Anexo B de la Ordenanza 2929-CM-18, que habilita la urbanización del patrimonio público.
– Retrotraer el expediente a foja cero e iniciar un tratamiento con Audiencia Pública obligatoria y vinculante.
– Acreditación efectiva de la titularidad dominial (Ley 4184 y Resolución 2699-I-2023) antes de disponer de las tierras.

El Cerro Catedral no es un negocio inmobiliario de CAPSA. Es el patrimonio inalienable de Bariloche». (Leandro Costa Brutten – Presidente del Bloque Incluyendo Bariloche)