Durante la represión a opositores, en el centro clandestino a cargo de la Marina el grupo de tareas perfeccionó un mecanismo para apropiarse de bienes de detenidos-desaparecidos y después ingresarlos al circuito legal. Está cerca el primer juicio sobre estos delitos.

A medio siglo del IGNOMINIOSO golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, todavía hay crímenes de la dictadura que no han sido juzgados. Puede sonar raro, pero aún en causas archiconocidas como las que investigan lo sucedido en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura, hay hechos que no llegaron a juicio oral. Uno de ellos es el robo de bienes a desaparecidos.

Osvaldo Barros, docente y gremialista, fue una de las víctimas de estos robos. Fue secuestrado por un grupo de tareas de la ESMA junto a su esposa, Susana Leiracha, el 21 de agosto de 1979. Al principio sufrió tormentos que incluyeron picanas e interrogatorios para dar con otros militantes. Luego lo dejaron en una cama, encapuchado. Un día, a fines de 1979, fue enviado al sector del Casino de Oficiales de la ESMA conocido como La Pecera.

No le explicaron por qué entonces tenía que escribir sobre su vida. Tampoco por qué en ese lugar había una heladera que él reconoció de inmediato: era la que tenía en su departamento cuando lo secuestraron. No era lo único que le habían robado. Tampoco un caso aislado.

El grupo de tareas que secuestró a Barros y Leiracha, luego vació su departamento y se llevó todas sus pertenencias. Era parte del método de represión que utilizaba la dictadura. No sólo secuestraba, torturaba, asesinaba, robaba bebés y desaparecía a opositores. También les robaba sus bienes. Lo que no sabía el matrimonio Barros, era que aquella practica había comenzado en los primeros meses de la dictadura, allá por 1976.

Primero fue rapiña, luego se expandió: se apropiaron de casas, autos, chacras y hasta caballos de carrera de desaparecidos. Fue tal el volumen de bienes robados que elaboraron un método de lavado de activos para borrar pistas.

El robo a desaparecidos cerca del juicio

Por este tipo de delitos, en 2023 fueron elevados a juicio oral Jorge Radice (foto), condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, y su hermana menor, Norma. Ambos se recibieron de contadores y, según la elevación a juicio, están acusados de quedarse con bienes de secuestrados y desaparecidos y armar un entramado societario de alcance transnacional con el objetivo de borrar todo vínculo con la ESMA. No son los únicos señalados por sobrevivientes del centro clandestino, pero podrían ser los primeros en enfrentar un juicio por estos delitos, a 50 años del Golpe.

Todavía no hay una fecha de inicio. Según afirmaron fuentes judiciales a Ámbito, no hay novedades relevantes en la causa. «Estamos en temas técnicos de embargos (a Norma Radice) que el tribunal (TOF 5) viene muy lento. Le estamos metiendo presión», dijeron. Incluso la ONU reclamó por éste y otros casos de delitos económicos de la dictadura y, especulan dentro del poder judicial, no sería de extrañar que en el año del 50° aniversario del Golpe pongan el día de inicio.

EL ARQUITECTO DEL ROBO

Jorge Radice no era un marino más. Era contador y, gracias a ello, le habían asignado la administración del grupo de tareas 3.3.2., responsable del financiamiento de las actividades dentro y fuera del centro clandestino. Dentro de la ESMA tenía un seudónimo, como todos los represores. El suyo era Gabriel o Ruger, según la época. Rápidamente, se ganó la confianza del jefe del grupo de tareas, Eduardo «Tigre» Acosta, y, sobre todo, del almirante Emilio Eduardo Massera, la cabeza de la Marina y miembro de la Junta Militar durante los primeros tres años de la dictadura.

Según recordó a este medio Myriam Lewin, exdetenida en la ESMA, Radice era «canchero, irónico, acomodaticio y terminó siendo la mano derecha de Massera ya retirado, en su oficina de Cerrito 1136 décimo piso». En aquella dirección, Massera fundó su partido Para la Democracia Social (PDS), proyecto con el que soñaba ser el nuevo Perón. Algunos sospechan que esa aventura política fue financiada con parte del dinero que robaron a los desaparecidos.

Al principio de la dictadura, los represores desvalijaban las casas de los opositores secuestrados y llevaban los objetos, en su mayoría, al sector Pañol del Casino de Oficiales. Era tal el volumen de, por ejemplo, ropa robada, que la montaña llegaba hasta el techo. También era habitual ver allí electrodomésticos como la heladera de Barros. Ese fue sólo el comienzo. Poco después fueron por bienes más grandes.

Bajo extorsión y torturas, varios desaparecidos fueron obligados a firmar papeles para ceder o vender sus autos o casas, entre otros bienes. Los compradores podrían ser los propios represores, pero lo hacían con nombres y documentos falsos, algunos confeccionados por militantes detenidos, de quiénes se aprovechaban de sus «habilidades» para este tipo de tareas.

Las inmobiliarias de la ESMA

Entre 1977 y 1979, los marinos de la ESMA crearon tres inmobiliarias para realizar las operaciones. Una de ellas fue instalada en Warnes 350/52, CABA, una propiedad que había pertenecido a Marcelo Hernández, también desaparecido en la ESMA. En el tiempo que estuvo ahí «firmó» un poder a favor de un tal Juan Héctor Ríos, que luego se comprobó era el nombre falso que usaba Radice. Otra inmobiliaria funcionó en Jaramillo 3083/87, también en CABA, inmueble comprado por los padres de Radice en 1978, en plena dictadura.

Las propiedades robadas a desaparecidos o compradas con dinero de ellos fueron ingresadas al circuito legal a través de un entramado societario de cierta complejidad. Uno de los responsables de su diseño y puesta en marcha, era Jorge Radice, que contó con la ayuda de su hermana Norma, también contadora.

Parece que la Marina no era la pasión de Jorge Radice. En 1979 dejó la fuerza y se dedicó a los negocios. En el medio acompañó a Massera en su aventura política hasta que naufragó con la vuelta de la democracia y el juicios a las Juntas Militares. Montó empresas y se dedicó, entre otros rubros, a la importación de armas.

Según la elevación a juicio firmada por el juez Ariel Lijo, desde 1976 hasta hoy los hermanos Radice intervinieron en, al menos, ocho operaciones inmobiliarias. Además de las propiedades de Warnes y Jaramillo, se encuentran dos unidades ubicadas en Besares 2019, también perteneciente a un detenido desaparecido. Estas unidades, después de varias compras y ventas, terminaron en poder de Norma Radice.

La dupla de los Radice creció de golpe en la época de la dictadura. Además de casas, se hicieron de tres embarcaciones y cinco caballos de carrera, todos robados a Conrado Higinio Gómez, secuestrado y desaparecido por el grupo de tareas de la ESMA tras ser desapoderado de sus propiedades en Chacras de Coria. Pero el espíritu emprendedor no terminó allí. A partir de la dictadura, Norma Radice tuvo una próspera carrera en el sector privado. Fundó empresas y cambió, al menos, ocho autos.

A comienzo de los años 2000, cuando estos casos se hicieron públicos, algunos medios intentaron entrevistar a Norma Radice. En cada ocasión, ella los esquivaba. Ahora, dos décadas después, parece que deberá responder las preguntas que evitó en aquel tiempo. Pero esta vez, ante la Justicia. (ÁMBITO)