Axel Kicillof se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando una medida cautelar «urgente» contra la decisión de Enargas que le impide a la Provincia cobrar en las boletas de gas un impuesto que nutre a un fondo para obras gasíferas en territorio bonaerense.

Según se detalla en la demanda impugnatoria a la que tuvo acceso LPO, para 2024 se estimó en $20 mil millones el monto de recursos involucrados en la cobranza de este tributo creado en la Ley 8.474 de 1975. A septiembre, se recaudaron más de 14.300 millones.

Kicillof denunció que, tanto las obras de infraestructura en la materia como el Fondo Compensador del Gas (subsidios a usuarios)»se verían desfinanciados ante la privación del impuesto Ley 8.474, con grave perjuicio para los usuarios y consumidores».

En octubre, Enargas sacó una resolución en línea con la directiva de Luis Caputo de impedir el cobro de tasas municipales en las facturas de servicios, algo que, en lo relativo a las facturas de luz, fue judicializado por la mayoría de los intendentes del Conurbano.

Pero, además de los tributos locales, el interventor del Enargas, Carlos Casares, le informó al gobierno bonaerense que esa medida también abarca al impuesto provincial y que su exclusión se debe a «su falta de vinculación con la prestación del servicio regulado y, por lo tanto, su ajenidad en relación con la facturación del suministro».

«Falso», cruzó Kicillof en su presentación ante la Corte y repasó una serie de obras realizadas con los recursos obtenidos de ese impuesto «para ejemplificar el impacto de este fondo en el sistema gasífero de la provincia de Buenos Aires».

Entre algunas de las obras que enumeró Kicillof, figuran los gasoductos de La Costa, Noroeste, Noreste y Sur. También, la ampliacion de redes, plantas de medición y gasoductos mediante los que Buenos Aires Gas S.A. (Bagsa) provee el servicio a 76 localidades.

«No estamos hablando de un tributo provincial que genere recursos para rentas generales de la Provincia. Es un impuesto puntual, que tiene una asignación específica a un fondo que está pura y exclusivamente destinado a la realización de obras para el gas. No puede haber mayor congruencia con la prestación del servicio», dice la presentación judicial realizada por Kicillof.

«La negativa a reconocer la relación directa en el caso más parece estar enfocada a querer privar de los recursos indispensables para continuar con las obras públicas de ampliación de la infraestructura del gas, antes que a impedir que se filtren conceptos efectivamente ajenos a la prestación referida».

A partir de la resolución de Enargas, siete distribuidoras informaron a la Provincia que dejaban de incluir ese impuesto: Litoral Gas, Camuzzi Gas Pampeana, Naturgy Ban, Grupo Junín y las cooperativas de Henderson, San Bernardo y Fátima.

En el gobierno bonaerense señalaron que, además del fondo para obras, de ese impuesto se nutre el sistema compensador que subsidia a usuarios que se abastecen con Gas Natural Comprimido (GNC), Gas Natural a Presión (GNP) y Gas Licuado de Petróleo (GLP), cuyas tarifas son superiores a las vigentes para los servicios de gas alimentados por gasoducto.

En Bagsa, informaron que, desde el inicio de la gestión Kicillof, se finalizaron con esos fondos obras como el gasoducto y planta de conversión en Dudignac (9 de Julio), la interconexión de redes entre Villa Gesell y Mar de las Pampas, y el suministro en localidades de municipios como Bolívar, Alberti, Bragado, Pergamino, Arrecifes, entre otras.

En tanto, se encuentran en ejecución otra serie de obras de suministro de gas natural y la planta de transferencia y puente de medición para el gasoducto noreste en Chascomús. Esos trabajos dependen de los recaudado del tributo que Enargas quiere quitar de las boletas.

Al referir a «la gravedad institucional» de la medida, la presentación de Kicillof a la Corte señala: «Nos vemos obligados a solicitar de entrada el dictado inmediato de una medida cautelar urgente» con el fin de «garantizar el mantenimiento de la modalidad de cobro del impuesto local, que desde hace casi 50 años se viene percibiendo por el Fiscal Provincial».