Nota de opinión de Claudio Savola (*): Tendría que tener muchas, pero muchas ganas el fiscal Gerardo Pollicita de creer en la ahora ratificada aparición milagrosa de medio millón de dólares en «inversiones cripto» sobre la cual Manuel Adorni edificó una endeble torre de argumentos incoherentes entre sí y, sobre todo, poco comprobables desde cualquier cruce documental.

Para hacerlo, además, el puntilloso representante del ministerio público tendría que ignorar las afirmaciones de varios testigos que declararon bajo juramento y sí llevaron papeles a su despacho. Con la presentación de este lunes, el exjefe de Gabinete se puso solo en las puertas de su propia indagatoria.

Luego de recibir informes catastrales, bancarios, financieros y técnicos, de escuchar a una docena de testigos y de analizar el informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, a Pollicita ya le sobraban razones para pedirle al juez Ariel Lijo la indagatoria de Adorni. Pero el procedimiento en las investigaciones por enriquecimiento ilícito contempla un paso previo, casi una cortesía: el pedido de justificación de bienes, en base a una enumeración concreta de sospechas.

En este caso, el fiscal le presentó al exjefe de Gabinete una lista de veinte puntos específicos que debía esclarecer. Recordemos: así como la indagatoria tiene una estación previa que puede evitarla, en los casos por enriquecimiento es el imputado quien debe demostrar su inocencia, y no como ocurre con el resto de los delitos en los que cualquier persona es inocente hasta que las pruebas y un proceso justo y garantizado demuestren lo contrario.

Pues bien, Adorni viene enredándose con sus propias explicaciones desde que estalló esta crisis en marzo, y sus argumentos fueron sinuosos, débiles y contradictorios. No solo demoró hasta lo exasperante la entrega de su declaración jurada de bienes de 2025 -desairando por el camino al presidente Milei, quien quebró una lanza por él y prometió que ese trámite sería inminente- sino que, para hacer encajar las piezas rectangulares de su economía en un molde circular, el locuaz vocero libertario se despachó con 22 rectificaciones en sus declaraciones juradas patrimoniales e impositivas de 2023, 2024 y 2025 ante la Oficina Anticorrupción y ARCA. Un dibujo retrospectivo, casi un homenaje a Jorge Luis Borges en su año.

Y, como en los cuentos borgeanos o la más popular saga de cine Volver al futuro, cada vez que se toca algo en el pasado -en este caso las declaraciones juradas de bienes- ese toqueteo dispara múltiples consecuencias en el futuro. Y hacer coincidir todas las piezas se vuelve un desafío casi imposible.

En las 78 páginas que luego de siete meses de investigación y cuarenta días de plazo especifico Adorni presentó este lunes, el exfuncionario justificó la aparición de más de medio millón de dólares en efectivo (que no figuraban en sus declaraciones originales) alegando que realizó inversiones tempranas en Bitcoin entre 2014 y 2018.

Sostuvo que las transacciones se hicieron «en negro» entre particulares y fuera del sistema regulado, manteniendo las ganancias en billeteras de autocustodia. La sorpresa se completa con el oportuno olvido de declarar esa fortuna ante el fisco. La trazabilidad para comprobar esta pirotecnia financiera es muy baja.

El descargo también defiende formalmente el hecho de haber ocultado fondos a las autoridades fiscales en el pasado: “La costumbre de mantener ahorros personales en efectivo y en moneda extranjera, por fuera del sistema bancario y del radar de la ARCA (ex-AFIP), no es una práctica excepcional sino una conducta extendida, para escaparte de la vieja política”. Si desde lo discursivo es una tesis floja, en un expediente judicial resulta directamente inválida.

Otra novedad en la declaración de Adorni es la discusión del monto de las refacciones en su casa del country Indio Cua, que el constructor Matías Tabar había cuantificado bajo juramento en 245 mil dólares, que cobró en efectivo y sin factura. Ahora el exfuncionario dice que en verdad los trabajos costaron 175.000 dólares, y que el contratista tuvo «inconsistencias» matemáticas en sus planillas.

¿Compras de mobiliario y vituallas para sus nuevas casas con la tarjeta de crédito de sus empleados? No, no es que los usó como testaferros, sino que debido a su alta carga horaria y presiones, delegó compras domésticas en su secretaria de confianza, a quien le pidió prestada su tarjeta y luego le reintegró el dinero. En efectivo, por supuesto.

Cualquier otra supuesta incoherencia, dice el escrito de Adorni, se suaviza con la catarata -no decimos cascada para evitar el chiste fácil- de rectificaciones impositivas que fueron acomodando los distintos pasados patrimoniales ante cada nuevo descubrimiento judicial. Terminados esos ajustes, una «brecha residual» del 15% o 18% es perfectamente compatible con los márgenes de imprecisión de la economía hogareña argentina, se justifica el exvocero.

Lo dicho: el fiscal y el juez deberían tener muchas ganas de engullir semejante caramelo de madera para evitarle a Adorni una indagatoria y su posterior procesamiento por corrupción.

(*) Claudio Savola, periodista de y para el diario Clarin publicada por ADN