Nota de opinión de Pedro Pesatti (*): La seguridad jurídica, entendida tradicionalmente como la certeza sobre la aplicación sin arbitrariedades de las leyes, se presenta hoy como un pilar indispensable para el crecimiento económico y la inversión. En el discurso público, se la ha elevado a la categoría de requisito incuestionable para atraer capital y promover el desarrollo nacional. Sin embargo, bajo esta fachada de estabilidad y previsibilidad, a menudo se oculta una realidad profundamente asimétrica.

Lejos de ser un bien universal, la seguridad jurídica parece reservarse para una minoría, mientras que la mayoría de la población queda expuesta a la incertidumbre inherente a los cambios que toda sociedad experimenta en su devenir natural.

La protección de la seguridad jurídica debería ser un derecho universal, aplicable no solo al gran inversor, sino también al empresario pyme, a los productores de las economías regionales, al docente universitario, al trabajador informal, al emprendedor o al jubilado, entre otros.

En Argentina, esta distinción se manifiesta en una paradoja alarmante: a la vez que se otorgan incentivos extraordinarios a empresas que explotan recursos únicos a nivel global —como la segunda reserva mundial de gas no convencional y los vastos yacimientos de litio—, la seguridad jurídica que se les concede contrasta drásticamente con la precariedad legal del ciudadano común.

El valor intrínseco de estos recursos, por su magnitud y escasez, debería ser el único aliciente necesario, pero la urgencia por atraer inversiones, justificada a menudo por la deuda con el FMI, que obliga a captar divisas a cualquier precio para cumplir con sus exigencias, sirve de pretexto para implementar normativas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que profundizan aún más la brecha de la desigualdad en lugar de generar un progreso equitativo.

Esta asimetría se hace particularmente visible en el sistema previsional. Mientras se garantiza la estabilidad legal a los grandes capitales por hasta treinta años, la historia reciente de Argentina demuestra que el sistema de jubilaciones ha sido objeto de constantes reformas. La seguridad que no tiene el trabajador que culmina su ciclo productivo y cuyo sustento vital depende de un marco legal volátil, es la misma que se solidifica en beneficio del gran capital. Esta disparidad no es accidental; es una manifestación de una política que instrumentaliza el concepto de seguridad jurídica para blindar los intereses corporativos a expensas de la vulnerabilidad de la mayoría.

La desigualdad legal se complementa con la desigualdad fiscal. Históricamente, la noción de que los más ricos sostienen el Estado ha sido una falacia. Hasta la Revolución Francesa, solo la burguesía y el campesinado pagaban impuestos, mientras la nobleza y el clero se servían del Estado sin contribuir a su sustento. La toma de la Bastilla marcó un punto de inflexión, obligando a los poderosos a tributar.

Sin embargo, en el siglo XXI, las grandes corporaciones —sobre todo las tecnológicas— utilizan la “optimización” fiscal para eludir sus responsabilidades, minando la cohesión social. En Argentina, el tributo más significativo, el IVA, es regresivo y castiga a los sectores de menores ingresos, lo que contradice la idea de que el Estado es financiado por los más poderosos.

Entender la seguridad jurídica como un derecho exclusivo es una estrategia peligrosa que petrifica las normas en beneficio de unos pocos, dejando al resto de la sociedad a merced de la incertidumbre. Ante una emergencia nacional —como una catástrofe sanitaria o una crisis económica—, los sectores blindados por regímenes especiales no se verán obligados a contribuir, trasladando toda la carga a aquellos que carecen de esas protecciones.

La historia de Argentina ofrece ejemplos contundentes: el “corralito”, que resguardó a los bancos mientras perjudicaba a los ahorristas, o la ley especial de Industrias Culturales, que salvó a un gran grupo económico de caer en la debacle. Estas situaciones demuestran que la seguridad jurídica, cuando no es universal, se transforma en un privilegio que profundiza la desigualdad. Si los grupos hegemónicos persisten en su pretensión de convertir el país en un mero enclave, la injusticia en el reparto de las cargas sociales provocará, tarde o temprano, su propia Bastilla.

Sin embargo, existe una vía alternativa y más sostenible. La verdadera atracción de inversiones no reside en la concesión de privilegios, sino en la construcción de un país genuinamente justo y equitativo. Esta visión implica un rotundo rechazo a las concepciones deshumanizadas y utilitaristas, a menudo simbolizadas por la “motosierra”, que socavan la indispensable dimensión comunitaria para el desarrollo integral.

En última instancia, el mayor incentivo para el capital y la sociedad no es un régimen de excepción, sino un marco legal que garantice la equidad para todos. El crecimiento inclusivo crea un círculo virtuoso que beneficia de manera recíproca tanto a las grandes corporaciones como al ciudadano más vulnerable, sentando las bases de una prosperidad que es, por naturaleza, más duradera y mucho más eficaz para garantizar la seguridad jurídica, con instituciones fuertes que se reporten únicamente ante la Constitución y la ley.

(*) Pedro Pesatti es Vicegobernador de Río Negro.