Denuncian un impacto negativo en Río Negro y alertan sobre medidas perjudiciales para los ciudadanos. Desde el Bloque Partido Justicialista – Nuevo Encuentro (PJ-NE) manifestaron su más amplio rechazo al proyecto de “Ley Bases” que hoy se discute en el Congreso de la Nación, porque consideran que consolida institucionalmente la profundización del daño que Javier Milei está desarrollando en la Argentina desde diciembre del 2023.

Los parlamentarios denuncian que esta ley atenta contra derechos laborales y previsionales de miles de rionegrinos, abre la puerta a la privatización de empresas estratégicas, desfinancia al Estado y le quita capacidades regulatorias en la gestión de los recursos naturales y energéticos de las provincias, “agravando el cuadro de situación que hoy sufrimos producto del plan económico empobrecedor vigente, devaluación con desregulación de precios por la vigencia del DNU 70-23, y ajuste a comedores, provincias, universidades y obra pública”.

“Como representantes de las y los rionegrinos en la Legislatura provincial, entendemos que esta ley somete a Río Negro y a su pueblo a trágicas consecuencias y le da la suma del poder público, sin control del ámbito legislativo, a quien ha demostrado desde que asumió que cada una de sus decisiones son en contra del pueblo”, expresaron.

Agregaron que con esta Ley se elimina la moratoria jubilatoria (ley 27705) y aumenta la edad de las mujeres a los 65 años de edad para acceder a algún beneficio de la seguridad social. Advierten que sólo un 35% de las y los rionegrinos que cumplan la edad de jubilarse podrán hacerlo y las más afectadas serán las mujeres, que han sido históricamente las principales beneficiarias de las moratorias por haber sido excluidas del empleo formal y dedicarse a las tareas de cuidado.

“Es inviable tremendo retroceso en un contexto en el cual las personas mayores de nuestra provincia ya están absolutamente empobrecidas con la pérdida de poder adquisitivo de sus jubilaciones, situación que solo se agrava a partir de la nueva fórmula de movilidad”, opinaron los legisladores.

Explicaron que, además, esta ley consolida el desmantelamiento del Estado. Es una norma que habilita el cierre de organismos públicos con la sola decisión del Presidente, estableciendo el pase a disponibilidad de sus trabajadores por 12 meses pudiendo luego ser despedidos sin causa alguna.

“Desde nuestro espacio político no estamos dispuestos a poner en riesgo la presencia del Estado en nuestro territorio. Ya estamos viviendo el cierre de los CDR de las Oficinas de ANSES de General Conesa, Luis Beltran y Cinco saltos, y sus consecuencias en nuestra provincia, entre otros organismos y programas que se desarticulan, sostuvieron.