Los municipios son hoy el primer mostrador del Estado. Es allí donde llegan las demandas cuando el ingreso no alcanza, cuando se pierde el empleo, cuando suben los alimentos o cuando los servicios se vuelven impagables. Lo que antes encontraba respuesta en políticas nacionales o provinciales hoy se expresa de forma directa en el nivel local. Esta centralidad no responde a un rediseño institucional: es el resultado de un corrimiento.

En la Argentina actual, los gobiernos locales —pensados para garantizar servicios urbanos básicos como la recolección de residuos, el mantenimiento de calles, el alumbrado y el ordenamiento territorial— enfrentan una presión creciente en áreas que exceden sus competencias. La asistencia alimentaria, la contención social, el acompañamiento ante la pérdida de empleo y la atención de situaciones de vulnerabilidad se incorporan, de hecho, a su agenda cotidiana.

En este sentido, la referencia a la década de 1990 no es meramente histórica. Durante la presidencia de Carlos Menem, la descentralización trasladó responsabilidades hacia las provincias y, en los hechos, hacia los municipios, sin los recursos, la capacidad técnica ni la estructura necesaria para sostenerlas. Ese proceso debilitó la capacidad estatal en el territorio y dejó una huella de desigualdad que aún persiste.

Este escenario se desarrolla en un contexto donde la macroeconomía muestra señales de orden, pero la microeconomía sigue deteriorándose. El gobierno de Javier Milei destaca la desaceleración de la inflación y el equilibrio fiscal, pero ese dato no se traduce con la misma intensidad en la vida cotidiana: el consumo continúa retraído, la actividad comercial no se recupera y el entramado productivo local se debilita.

Algunos indicadores del consumo permiten dimensionar esta situación. Se observa una caída en el consumo de bienes básicos, junto con una presión sostenida de distintos componentes del gasto cotidiano —alimentos, transporte, tarifas, combustible y medicamentos— que, en conjunto, reflejan una pérdida de poder adquisitivo con impacto directo en la economía diaria.

La consecuencia es clara: menos consumo, menos actividad y menor circulación de recursos en las economías locales. Comercios que venden menos, pymes que reducen su actividad o cierran, y una apertura económica sin resguardos acelera la pérdida de tejido productivo.

En este contexto, las demandas no desaparecen: se transforman y se territorializan. Pero también se vuelven difusas. No siempre está claro a qué nivel del Estado corresponde dar respuesta: ¿a la Nación que se replegó?, ¿a la provincia con recursos limitados?, ¿o al municipio, que es el único actor presente?

Esa ambigüedad concentra la presión en los gobiernos locales.

Al mismo tiempo, los recursos no acompañan. La reducción de transferencias nacionales, la paralización de la obra pública y la ausencia de políticas activas orientadas a sostener el consumo o la producción afectan directamente la capacidad financiera de los municipios, que ven caer su recaudación mientras aumentan las necesidades.

Se configura así una doble tensión: más demandas sociales y menos herramientas para responder.
Como advirtió Guillermo O’Donnell, la calidad del Estado no depende solo de sus resultados macroeconómicos, sino de su capacidad de garantizar presencia efectiva y derechos de manera uniforme en el territorio. Cuando esa capacidad se fragmenta, la desigualdad deja de ser solo social y pasa a ser también territorial.

En distintas ciudades de Río Negro, esta dinámica se expresa con claridad: menor actividad económica, mayor presión social y gobiernos locales que deben absorber funciones para las que no fueron diseñados ni financiados.

Frente a este escenario, la salida no puede limitarse a la estabilización nominal ni a la expectativa de que el orden macroeconómico, por sí solo, genere un proceso de recuperación. La evidencia histórica y la experiencia reciente muestran que, sin una política deliberada de desarrollo, el equilibrio fiscal tiende a convivir con estructuras productivas debilitadas y territorios crecientemente desiguales.

En ese marco, resulta necesario recuperar una concepción del Estado que no se reduzca a su dimensión contable, sino que asuma su rol como organizador de la actividad económica y garante de la integración social.

Desde una tradición que el peronismo ha sostenido —y que tuvo en Néstor Kirchner una expresión —, el orden macroeconómico con equilibrio fiscal debe estar al servicio de un proyecto de desarrollo que articule producción, empleo y consumo. Esto implica reconstruir el mercado interno como eje dinamizador, fortalecer a las pymes como núcleo central de generación de trabajo y desplegar instrumentos de política pública —incluidos incentivos y subsidios focalizados— orientados a sostener la inversión productiva en el territorio.

No se trata de expandir el gasto sin criterio, sino de direccionarlo estratégicamente para activar un círculo virtuoso en el que el empleo impulsa el consumo, el consumo dinamiza la producción y esa expansión amplía la base fiscal.

En un contexto internacional donde las principales economías refuerzan mecanismos de protección de sus sectores estratégicos, la apertura irrestricta sin políticas de acompañamiento no constituye una estrategia de modernización, sino un factor de vulnerabilidad. La defensa del entramado productivo local, la recuperación de la obra pública como herramienta de desarrollo y la inversión sostenida en educación no son opciones sectoriales, sino condiciones necesarias para recomponer la cohesión social y territorial.

En este sentido, la cuestión municipal deja de ser un problema de gestión local para convertirse en un indicador del funcionamiento general del Estado. Cuando los municipios asumen funciones que exceden su escala sin los recursos correspondientes, lo que se pone en evidencia no es su capacidad de adaptación, sino la ausencia de un esquema federal ordenado.

Sin un nuevo acuerdo fiscal, sin una redefinición clara de competencias y sin una política nacional que vuelva a articular los distintos niveles de gobierno, la presión sobre los territorios continuará intensificándose.

Porque cuando el Estado se repliega sin reorganizarse, no desaparece: se fragmenta. Y en esa fragmentación, los municipios no solo administran las consecuencias de la crisis, sino que terminan sosteniendo, en condiciones cada vez más precarias, el vínculo esencial entre la sociedad y lo público. Allí, en ese nivel, se define, en última instancia, la capacidad de un país para integrarse o para profundizar sus desigualdades.

(*) Roberto David Mandado – Politólogo – Sec. Legislativo de Vamos con Todos en el Conc. Delib. Viedma