Miguel Pichetto evalúa la posibilidad de pedir un per sáltum para llegar a la Corte Suprema si en el Poder Judicial no le otorgan la medida cautelar que solicitó este viernes junto a su compañero de bloque, Nicolás Massot, para impugnar el artículo 154 del DNU 70/23. El apuro del rionegrino obedece a que, mientras no se reponga un amparo, cualquier actor cuenta con una ventana de tiempo para comprar tierras y hacer valer esa operación inmobiliaria como un derecho adquirido.

La presentación de Pichetto y Massot se produjo después que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti voltearon la cautelar que habían conseguido los ex combatientes de Malvinas contra el artículo que deroga la vieja ley de tierras, cuyo objetivo era proteger el territorio nacional de la venta a manos extranjeras. Aunque los cortesanos se quejaron por la repercusión negativa de su fallo y pretendieron que solo fallaron sobre la legitimidad de los demandantes, en este caso, los ex soldados argentinos, con su fallo dejaron vigente el artículo 154 del decreto, barriendo con los principios protectorios de la norma.

A través de un comunicado, Pichetto y Massot refutaron la versión de los supremos. «Como consecuencia de esa decisión, la derogación de la Ley de Tierras volvió a producir plenamente sus efectos», expresaron, y precisaron que «actualmente no rigen los límites que la norma establecía para la adquisición de tierras rurales por extranjeros: ni por porcentaje nacional, provincial o departamental, ni por nacionalidad o superficie». «Tampoco rige la prohibición de adquirir inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes», abundaron.

La preocupación de los diputados obedece a que las escrituras de compraventa que se realicen hasta que el Congreso rechace el DNU podrían quedar a salvo, aun cuando la Cámara Baja derogue el decreto el próximo 15 de octubre, fecha prevista para discutir el asunto en el recinto. «Faltan dos semanas y se puede rematar el país en ese lapso de tiempo», alertan fuentes parlamentarias.

La jugada de Pichetto podría enfrentarlo nada menos que contra Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, dos jueces cuyos pliegos votó en 2016 después que Mauricio Macri pretendiera colarlos en el máximo tribunal por decreto. El tercero de los cortesanos es Ricardo Lorenzetti, un hombre al que también conoce el diputado desde los albores de los gobiernos kirchneristas, cuando fue propuesto como ministro de la Corte.

Pero el rionegrino se acercó a Cristina Kirchner desde que la ex presidenta cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad, pese a que se alejó cuando Macri asumió la presidencia de lo que por entonces era el Frente Para la Victoria y hasta integró la fórmula electoral con el líder de Cambiemos en 2019.

Ese retorno a un peronismo de borde, ubicado a medio camino entre el ala más progresista del PJ y los sectores más conservadores, lo convierte en un aliado valioso para el kirchnerismo, porque puede ensayar maniobras en defensa de derechos que se vuelven inoperativas políticamente cuando las hace un cristinista, por la estigmatización ideológica.

Pichetto, que ya mantuvo al menos dos reuniones y habla por teléfono con frecuencia con Cristina, planteó el pasado 10 de junio, en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, que se declare la nulidad del fallo de la Corte Suprema que dejó firme la sentencia contra ella. «Hay facultades inherentes del Congreso, que puede, por razones de gravedad institucional, declarar la nulidad de un fallo de la Corte», indicó.

Usó como ejemplo para su propuesta la ley que se votó en 48 horas, en 2017, para que los represores no pudieran acogerse al régimen del 2×1, tal como pretendía la Corte en el fallo Muiña. Con aquella norma, el Poder Legislativo obligó a frenar la resolución de la cabeza del Poder Judicial, que suspendió sus efectos durante casi 10 meses, hasta que la Corte volvió a tratar el asunto y lo resolvió en sintonía con el criterio del Congreso.