La Legisladora Magdalena Odarda inició una denuncia penal contra la ex gobernadora Arabela Carreras la firma de un convenio con la empresa estatal israelí Mekorot, que -según indicó- comprometería gravemente la soberanía provincial sobre los recursos hídricos de Río Negro.

La denuncia, que se realizó ayer en Viedma junto a su par Ayelén Spósito, recayó en la fiscalía de turno a cargo de Guillermo Ortiz.

Odarda alegó en un comunicado que el contrato, firmado durante la gestión anterior, habilita a la consultora extranjera a elaborar un “Plan Maestro del Agua” con acceso a información estratégica sobre las fuentes, reservas, calidad y usos del agua en territorio rionegrino. Y aseguró que, a pesar de tratarse de un recurso natural de dominio público provincial, la provincia fue excluida del control y la participación técnica del proceso, delegando competencias esenciales a una empresa extranjera.

El acuerdo técnico al que refiere la legisladora de Vamos con Todos, se firmó el 13 de febrero de 2023 y fue impulsado por el ex ministro del Interior, Wado de Pedro, tras una gira por Israel con varios gobernadores. Incluso, el convenio (del que fue parte el CFI) también fue firmado por el ex ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, fue suscripto por las provincias de Catamarca, Formosa, La Rioja y Santa Cruz.

Por eso, por las dudas, Odarda aclaró que el Consejo Federal de Inversiones (CFI), parte contratante del convenio, no es un organismo del gobierno nacional sino que es un organismo público interestadual perteneciente a todas las provincias argentinas, y que el convenio firmado en el mes de febrero de 2023 fue suscripto meses después de haber concluido su rol como funcionaría del gobierno nacional.

“Este convenio se firmó a espaldas del pueblo de Río Negro, sin intervención del DPA ni aprobación legislativa. Es una violación grave a la Constitución Provincial. Se le entregó a una empresa extranjera la posibilidad de investigar, proyectar y proponer medidas sobre nuestros recursos hídricos, sin que la provincia tenga acceso al contenido de esos informes.

La cláusula de confidencialidad es tal, que ni el Estado de Río Negro sabe qué se hizo o qué destino tiene la información obtenida sobre su propio territorio. Además, se prorrogó la jurisdicción a tribunales ingleses y bajo leyes inglesas. Todo esto es inaceptable”, subrayó Odarda.