El Gobierno nacional promulgó la Ley de Glaciares (27.804) que redefine sustancialmente el alcance de las zonas periglaciares ricas en agua potable a fin de permitir el avance de proyectos privados, tal como lo pidieron las grandes multinacionales mineras.

El decreto 271/2026 publicado en el Boletín Oficial borra de un plumazo el régimen de protección ambiental que la legislación anterior garantizaba y le da carta blanca a las provincias para determinar qué se cuida, qué no y quién explota.

El cambio fundamental de la nueva normativa radica en la transferencia de competencias hacia las jurisdicciones provinciales. Cada provincia tendrá la facultad de establecer sus propios criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo y áreas periglaciares serán protegidos.

Por lo tanto, podrán decidir de manera discrecional la definición y el alcance de la preservación de las reservas de agua dulce en esas zonas.

Se trata de un cambio sustancial. La ley original de 2010 establecía la protección de esas áreas por tratarse de reservas únicas y, por lo tanto, restringía la posibilidad de su explotación.

La nueva ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar establece que esas áreas son “bienes de carácter público” por tratarse de reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.

Pero deja de preservarlas a todas para proteger solo aquellos que acrediten un “aporte hídrico relevante y comprobable” a las cuencas bajo el criterio de los funcionarios públicos de turno.

También impulsa la creación de un nuevo inventario de esas zonas y formula nuevos criterios para definir si las zonas deben ser protegidas o no. En las zonas que se consideren parte del área de protección se prohíben la construcción de infraestructura minera, con fines de exploración explotación hidrocarburífera. Pero todo conduce a ampliar las áreas con desprotección.

Decenas de organizaciones de protección al medio ambiente rechazaron la iniciativa, antes de que se aprobara el 8 de abril último en medio de duros cuestionamientos públicos al oficialismo y con represión y detenciones de ambientalistas.

Denunciaron que la legislación da luz verde a actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos, que son vitales para el consumo humano, la biodiversidad y el equilibrio climático.