Al considerar que la región y en particular la provincia de Río Negro atraviesan momentos de emergencia social y ambiental, asambleas y organizaciones autónomas de la Comarca Andina, Allen, Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) y Bariloche nos reunimos el sábado 27 de julio para debatir, compartir diagnósticos y planificar acciones.

Con el mismo vértigo traicionero del que se valió a fines de 2023 para reformar la Ley de Tierras y la legislación minera, ahora el gobierno de Alberto Weretilneck impulsa la aceptación del extractivismo minero entre la población rionegrina. Con ese cometido se instaló en Ingeniero Jacobacci con sus funcionarios para desplegar una puesta en escena tras otra, con el ánimo de seducir a sectores históricamente empobrecidos y olvidados por el propio accionar gubernamental con una hipotética bonanza económica que estaría al caer.

Para silenciar cualquier voz disidente en relación con el proyecto Calcatreu en manos de la compañía Patagonia Gold, se vale de un inédito cerco mediático a escala provincial, ya que, de manera directa o a través de testaferros, el gobernador controla medios de prensa en las ciudades más relevantes de la provincia, a la vez que aprovecha el silenciamiento que dispuso el gobierno central sobre Radio Nacional Jacobacci. El resto de silencio cómplice queda asegurado con pauta publicitaria.

Esos mismos medios generaron recientemente campañas con noticias falsas, en las que aseguran que acompañan el proyecto comunidades mapuche que se oponen a la explotación minera e inclusive la propia Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio de Huahuel Niyeo.Junto con el beneplácito de las autoridades locales, Weretilneck pretende transmitir que el avance de la megaminería es poco menos que una cuestión municipal, cuando la destrucción que traerá aparejada la explotación de Calcatreu tendrá consecuencias inclusive fuera de la jurisdicción provincial.

Ese cambio de matriz productiva de la región sur -60% del territorio provincial- a favor de la megaminería, esa obsesión extractiva subsidiada, provocaría que Río Negro asuma características de distrito minero y escenario propicio para repetir los impactos ambientales negativos que se dieron en las minas de Veladero, San Juan, La Alumbrera, Catamarca y Pirquitas en Jujuy y afectaría no tan indirectamente a las demás actividades, léase turismo, fruticultura y ganadería. Calcatreu es la punta de lanza de cientos de proyectos de estas características. Su importancia relativa quedará en juego y sabemos por las experiencias sanjuanina y catamarqueña, que las compañías mineras terminan convirtiéndose en el auténtico gobierno, más allá de las formalidades democráticas.

Después de la cooptación exitosa que logró con la comunidad vecina del emprendimiento, el gobierno de Juntos Somos Río Negro (JSRN) se esfuerza por mostrar que hay mapuche que están de acuerdo con la minería, cuando ignora la negativa de otras comunidades cercanas, las que en conjunto habían logrado la medida cautelar que 20 años atrás, decisión del Poder Judicial que frenó la puesta en marcha de la explotación minera. También soslaya recurrir a la Consulta Previa Libre e Informada que establece la normativa vigente, si pueblos indígenas se ven afectados por decisiones estatales.

Indigna que toda la infraestructura gubernamental se ponga al servicio de una compañía que permanece en un tan discreto como llamativo segundo plano, cuando será la auténtica beneficiaria del desastre que parece aproximarse. Más allá de maquillarse para aparecer como una empresa de capitales argentinos, las acciones de Patagonia Gold Corporation se transan en la Bolsa de Toronto, es decir, el corazón financiero de Canadá. Además, en su página web se presenta con total desparpajo como “uno de los mayores terratenientes de la provincia de Santa Cruz”.

Como parte de sus operetas, el gobierno convocó a una audiencia pública, siempre no vinculante para el próximo 30 de agosto, pero recién en las últimas horas se hizo público el texto de 2.800 páginas que potenciales participantes deberían conocer al dedillo para fundamentar sus opiniones en esa instancia. Además, ¿qué medios pondrá a disposición para que las familias mapuches, pequeños productores ganaderos u otros sectores directamente afectados por la arremetida minera puedan expresar sus pareceres?

La urgencia del gobierno no tiene justificación alguna y su crispación obedece a una certeza: la abrumadora mayoría de la población rionegrina no quiere megaminería. El proyecto Calcatreu no tiene licencia social, es decir, no cuenta con el acuerdo de la ciudadanía, como bien se sabe hace 20 años.

Denunciamos, además, que se están generando presiones financieras y estrategias extorsivas contra sectores que dependen de políticas públicas y financiamientos provinciales, para que no manifiesten su oposición a la explotación de Calcatreu.

Recordamos que fue en 2011 -cuando Weretilneck era vicegobernador- que la Legislatura derogó la Ley Anticianuro, norma que protegía a la provincia de la megaminería contaminante. Esa ley, fruto de la movilización popular, era el mayor termómetro de lo que pensamos la mayoría de los y las rionegrinos.

Sus extorsiones, cooptaciones, silenciamientos tendrán la misma corta vida que sus mentiras. Queremos que el agua sea para las comunidades y los barrios, no para las mineras. Que evangelismo mediante unos pocos elijan subordinarse a las reglas del capitalismo, no implica que el conjunto del pueblo mapuche deje de defender los newen (fuerzas) y gnen (guardianes) del territorio, en Calcatreu y donde sea.

¡No es no! – ¡Fuera Patagonia Gold de Calcatreu! – ¡El agua es newen!