Se confirmó la prisión preventiva que cumple un hombre imputado en la investigación por el homicidio de Diego Antonio Cid, ocurrido en febrero de este año. La decisión se adoptó luego de analizar el planteo de la defensa particular, que había solicitado revocar la medida cautelar y disponer su libertad o, de manera subsidiaria, el cumplimiento de arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

Durante la audiencia, la defensa particular cuestionó la resolución que días atrás había prorrogado la prisión preventiva y sostuvo que nuevas medidas incorporadas a la investigación respaldan la versión brindada por el imputado respecto de las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Entre otros aspectos, mencionó resultados periciales vinculados con rastros de disparo de arma de fuego hallados en la víctima y planteó que esos elementos debían ser considerados al momento de evaluar la continuidad de la medida cautelar.

Asimismo, argumentó que no se encuentran acreditados los riesgos procesales que justifican la prisión preventiva. En ese sentido, señaló que el imputado se presentó voluntariamente ante las autoridades, colaboró con la investigación y no posee antecedentes penales. Por ello solicitó su libertad o, alternativamente, la aplicación de medidas de menor intensidad con monitoreo electrónico.

El fiscal jefe Martín Lozada se opuso al planteo y sostuvo que los resultados parciales que van arrojando las distintas medidas de investigación no modifican los fundamentos que justificaron la imposición de la prisión preventiva. En ese sentido, señaló que las nuevas evidencias podrán ser valoradas oportunamente durante el avance del proceso, pero que no alteran la existencia de elementos de convicción suficientes respecto de la ocurrencia del hecho y de la participación atribuida al imputado.

Asimismo, remarcó que continúan vigentes los riesgos procesales que fueron considerados al momento de imponer y posteriormente prorrogar la medida cautelar. Entre ellos, mencionó el peligro de fuga, vinculado a la conducta desplegada por el imputado luego del hecho investigado, y el riesgo de entorpecimiento de la investigación, en función del conocimiento que posee sobre testigos que aún deberán declarar en el proceso.

También rechazó la posibilidad de aplicar medidas cautelares de menor intensidad, al considerar que alternativas como el arresto domiciliario, las restricciones de acercamiento o el monitoreo electrónico no resultan suficientes para neutralizar los riesgos procesales identificados en el caso.