Una franquicia ilegal por el falso ejercicio de la profesión y por la situacion de sus trabajadores, ahora tiene el cuestionamiento de la IGJ que tramitó su denuncia ante el Consejo de la Magistratura, que viene de quitarle legitimidad sospechosamente, al pedido de cese de operaciones de Re/MAX que trata de evitarlo recurriendo a maniobras y resquicios para seguir funcionando fuera de la ley. Los detalles.

A poco más de dos meses de obtener un fallo a favor, la operatoria de la red de franquicias RE/MAX vuelve a situarse en el ojo de la tormenta. Ocurre que la Inspección General de Justicia (IGJ) denunció a los jueces que quitaron legitimidad al cese de operaciones de la compañía establecido por el organismo y, partir de este nuevo round legal, la continuidad de la empresa en cuestión vuelve a quedar en entredicho. Según pudo saber iProfesional, el recurso de la IGJ se tramitó ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Fuentes del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) indicaron a este medio que la denuncia alcanza a tres jueces integrantes de la Cámara Nacional en lo Comercial, Sala E, «por la sentencia que dictó la nulidad de la resolución de la IGJ».

En 2020, la IGJ determinó que RE/MAX Argentina debía disolverse en tanto sociedad dado que ejercía una actividad ilícita. La medida brotó a partir de un pedido de CUCICBA, el colegio que integra a los corredores porteños. La red apeló esa decisión y en mayo pasado la Justicia dejó sin efecto lo establecido por, justamente, la IGJ.

«La Cámara Comercial no hizo más que tirar la pelota afuera. Sólo señaló que considera a la IGJ como un organismo que no tiene alcance a las sociedades de responsabilidad limitada, la figura bajo la cual funciona RE/MAX Argentina», comentaron en ese momento fuentes ligadas a CUCICBA.

«La Cámara Comercial se limitó a negar la injerencia de la IGJ en este tipo de temas. Pero lo cierto es que aún no tenemos respuesta sobre la empresa y si está habilitada o no para funcionar», añadieron.

Desde el CPI explicaron a iProfesional que el pedido de enjuiciamiento activado ahora «ha sido solicitado por el Inspector General de Justicia contra los camaristas. Recordemos también que la IGJ ha planteado un recurso extraordinario contra dicha sentencia por arbitraria a los fines de que se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación y revoque la misma».

La denuncia aplicada a los jueces tiene lugar a muy poco de que el CPI efectuara una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para solicitar que el organismo fije fecha de realización de una audiencia pública para discutir el funcionamiento del modelo de franquicias inmobiliarias.

Las fuentes del CPI interpeladas recordaron que la Corte Suprema ya había anunciado que evaluaría el escenario abierto por RE/MAX y sus similares «para evitar que se sigan suscitando conflictos por el ejercicio ilegal de la profesión».

Al margen de lo que ocurre en Capital Federal, la empresa enfrenta una fuerte oposición en distritos como la provincia de Buenos Aires. En ese territorio, suman más de 70 –de un total de 135– los municipios que vetan el negocio de las franquicias inmobiliarias.

Esto ocurre mientras, en paralelo, la situación de la red de franquicias no ha dejado de complicarse en el ámbito de la regulación laboral. En marzo pasado, el Sindicato de Comercio denunció a la empresa por presunto fraude laboral y el movimiento generó la intervención del Ministerio de Trabajo.

«La empresa denunciada, valiéndose de su marca internacional, ha armado una extensa red interempresarial utilizando los contratos de franquicia para desplegar un marco contractual de cobertura, con el único objeto de mantener al margen de toda registración a sus dependientes; en franca violación a la normativa vigente de colegiación de la actividad martillera», detalló Comercio en su denuncia.

Añadió el sindicato: «De esta forma, la empresa, en un ingenio al servicio de la ilicitud laboral, utiliza la pantalla del ‘agente inmobiliario’, como una pseudo categoría en contra de la normativa que rige la colegiación de los martilleros, con el único fin de evitar registrar el vínculo laboral dependiente».

Se sucedieron las audiencias pero, al no llegarse a un acuerdo entre las partes, Comercio notificó su decisión de activar un plan de lucha contra la red por aparentes irregularidades en la contratación de personal. RE/MAX es acusada por el gremio de mantener en situación de irregularidad a unos 5.000 trabajadores. (IProfesisonal)