Por amplia mayoría, la Legislatura respaldó la decisión del Gobernador Alberto Weretilneck para que la Provincia asuma la gestión de las rutas nacionales 22 y 151. El acompañamiento abre una nueva etapa para planificar y ejecutar las obras necesarias.

La ley ratifica el convenio firmado días atrás entre Weretilneck y el Gobierno Nacional. Fue aprobada con 38 votos a favor y solo 3 en contra, correspondientes a legisladores del peronismo. “Decidimos hacernos cargo. Todos estos años, los gobiernos nacionales abandonaron nuestras rutas, pusieron en peligro nuestras vidas y nuestra producción. Nosotros decidimos dar respuestas”, destacó el Mandatario.

Con este paso, la Provincia podrá asumir progresivamente la gestión de 2 corredores fundamentales para la vida cotidiana y el desarrollo productivo. Por primera vez, tendrá capacidad para definir prioridades e intervenir de acuerdo con las necesidades de cada tramo.

Weretilneck valoró especialmente el acompañamiento de la Legislatura y destacó que el respaldo alcanzado permitirá transformar años de reclamos en una respuesta concreta. “Este es un logro de todos los rionegrinos. Cuando se trata de defender los intereses de nuestra Provincia y mejorar la vida de nuestra gente, tenemos que ser capaces de encontrarnos y avanzar juntos”, afirmó.

A partir del acuerdo, Vialidad Rionegrina podrá ejecutar obras nuevas, recuperar y mantener calzadas y banquinas e intervenir en accesos, colectoras, rotondas, puentes, señalización e iluminación. También podrá ordenar las intervenciones según criterios de seguridad vial, transitabilidad, conectividad productiva y urgencia técnica.

“Durante años vimos cómo nuestras rutas se deterioraban y cómo las obras se postergaban. Decidimos cambiar esa historia. No vamos a seguir esperando: vamos a asumir la responsabilidad y trabajar para recuperar 2 rutas fundamentales para nuestra gente”, sostuvo el Gobernador.

El acuerdo resguarda los intereses provinciales: Río Negro no asumirá automáticamente deudas, certificados impagos, reclamos, litigios ni otras obligaciones generadas antes del traspaso. Además, Nación deberá entregar la documentación técnica existente para aprovechar los proyectos y estudios ya realizados.

El convenio tendrá una vigencia de 20 años, lo que permitirá sostener una política vial de largo plazo, atender primero los sectores más urgentes y proyectar la infraestructura que Río Negro necesitará para acompañar su crecimiento durante las próximas décadas.