La crisis en el campo se está acelerando de manera alarmante y arrastra a empresas clave del sector. Esta semana arrancó con la apertura del concurso preventivo de acreedores de Los Grobo Agropecuaria, Agrofina y SanCor. La empresa fundada por la familia Grobocopatel había entrado en default en diciembre pasado por una deuda de apenas 100 mil dólares y arrastró su controlada Agrofina, que produce agroquímicos. A mediados de enero, se sumó el default de unos 30 millones de dólares. La deuda total ascendería a algo más de 200 millones de dólares.

Los Grobo, que es controlada por el grupo Victoria Capital Partners (VCP), informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que pidió la apertura del concurso preventivo «para posibilitar la continuación del negocio y el mantenimiento de la fuente de trabajo».

La situación de Los Grobo y Agrofina, afectadas por la caída de las ventas y de los precios internacionales y los altos costos en dólares, es el reflejo de una situación muy complicada en el campo y se teme que pueda generar un efecto arrastre en otras empresas del sector.

El viernes se conoció el caso de Surcos, otro gigante del sector que anunció el default de una deuda de 300 millones de pesos, una cifra que parece insignificante para una empresa de esa magnitud.

Todo esto se da después del anuncio de Luis Caputo de una baja de retenciones y la presión para que el campo liquide unos 3 mil millones de dólares. Pero en el sector calculan que la baja de retenciones no logra mejorar significativamente el precio de venta y prefieren esperar, según dijo un especialista consultado por LPO. En Argentina eso significa olfatear una devaluación.

La crisis también se siente en la cooperativa láctea SanCor, que ya arrastra años de serios problemas económicos, y este lunes se presentó en concurso de acreedores en un juzgado de Rafaela. Se estima que la firma tiene deudas por alrededor de 400 millones de dólares.

La semana pasada SanCor anunció el despido de 300 trabajadores en sus plantas de Córdoba y Santa Fe. La cooperativa tenía hasta ese momento casi 1400 empleados, por lo que se trata de una reducción muy significativa y que todo indica que podría continuar.

La cooperativa recordó en un comunicado que en 2017 inició un proceso de reestructuración, que incluyó la venta y cierre de varias áreas, y que permitió «una paulatina estabilización». Pero no consiguió la inyección de fondos para continuar el proceso y a fines de 2023 entró en un serio conflicto laboral que paralizó su producción durante varios meses.

«SanCor continuó dialogando con nuevos interlocutores interesados en participar del negocio, logrando progresos significativos en dichas gestiones. Sin embargo, antes de avanzar con cualquier iniciativa concreta, la cooperativa debe resolver los problemas derivados de sus deudas y otras circunstancias que podrían frustrar futuras negociaciones. En este contexto, y con el objetivo de ofrecer una solución a todos los interesados, SanCor decidió dar este paso judicial», indicó la empresa en un comunicado.