El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el recurso de queja interpuesto en favor de Diego Martín Palacios, condenado por defraudación contra la administración pública. La decisión se tomó en el contexto de la causa iniciada por la municipalidad de Cinco Saltos y llegó al máximo tribunal provincial tras la denegatoria de una impugnación extraordinaria.

Luego del juicio que se hizo en Cipolletti, un tribunal condenó a Palacios a tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos. El imputado se desempeñó como secretario de Obras y Servicios Públicos durante la gestión del exintendente Germán Epul.

La defensa de Palacios interpuso una impugnación ordinaria contra la condena, pero el Tribunal de Impugnación la rechazó. Frente a esto, solicitó un control extraordinario de la resolución, que también fue desestimado. Ante esta negativa, la representación legal de Palacios presentó el recurso de queja.

El STJ analizó los fundamentos del recurso y concluyó que no cumplía con los requisitos establecidos en la Acordada N° 9/2023. Además, consideraron que la presentación no refutó de manera concreta y fundada los argumentos de la denegatoria de la impugnación extraordinaria. Según el fallo, la defensa sostuvo que se había invertido la carga de la prueba, pero no desarrolló argumentos específicos al respecto. También cuestionó la valoración de la prueba testimonial sin demostrar que la sentencia fuera arbitraria.

La sentencia indicó que los planteos de la defensa solo manifestaban una discrepancia subjetiva con la decisión judicial previa y que las críticas expresadas en el recurso carecían de sustento jurídico. En consecuencia, concluyeron que el recurso no cumplía con los requisitos procesales ni con los fundamentos necesarios para su procedencia.

La resolución confirmó la condena impuesta en el juicio y cerró la vía extraordinaria intentada por la defensa para su revisión.

El caso

Diego Martín Palacios fue hallado culpable por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública. La investigación se inició por la contratación de adoquines para la construcción de una avenida en Cinco Saltos entre octubre de 2018 y abril de 2019.

La Fiscalía y la querella sostuvieron que Palacios, en su rol de secretario de Obras Públicas, direccionó la compra en favor de la empresa Nalozano S.A., con la que tenía vínculo previo, lo que generó un perjuicio al municipio de Cinco Saltos. Según la acusación, la empresa recibió el pago completo por los adoquines, pero no entregó la totalidad del material ni cumplió con los requisitos de calidad.

Durante el juicio, la Fiscalía argumentó que Palacios diseñó un proceso de contratación que excluyó la competencia de otros oferentes y permitió que Nalozano S.A. obtuviera el contrato sin acreditar experiencia ni contar con el stock necesario. Además, sostuvo que parte del dinero recibido por la empresa se utilizó para comprar una máquina de fabricación de adoquines, la que terminó en manos de Palacios.

El tribunal concluyó que existieron pruebas suficientes para acreditar la maniobra fraudulenta. En su fallo, los jueces destacaron que Palacios utilizó su posición dentro del municipio para favorecer a una empresa sin capacidad real de cumplir con la provisión de adoquines. También señalaron que el perjuicio económico quedó demostrado, ya que el municipio pagó por el material sin recibir la totalidad de lo contratado.