EL VICEPRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE SUNTOS INDÍGENAS (INAI), Luis Pilquimán (foto), ofreció $ 100 mil y 40 horas de tareas comunitarias para no ser condenado por malversación de fondos públicos, tras ser sorprendido cuando sumaba gente a la usurpación que la agrupación de violentos tenía en Villa Mascardi.

Se trata de la causa en la que el funcionario, quien entonces secundaba a Odarda en la conducción de la cartera nacional, fue sorprendido trasladando gente al asentamiento ilegal que mantenía la agrupación autoproclamada mapuche en Villa Mascardi. (EL FORMABA PARTE DE QUIENES DECIDÍAN SI ESA OCUPACIÓN ERA LEGAL O NO)

Antes del juicio oral y público, Pilquimán – quien aún ostenta el cargo en el organismo estatal y no fue echado violentamente como correspondería por su inmoralidad- ofreció una solución alternativa a la causa, para evitar una posible condena y de esa manera agotar la acusación.

El funcionario se comprometió sin vergüenza alguna, a depositar $ 40.000 en la cuenta bancaria del Hospital Zonal Ramón Carrillo y entregar otros $ 60.000 a la misma institución. Estos últimos dineros que fueron embargados cuando se dictó su procesamiento. Es decir propone no tener ningún castigo, ni siquiera un chas chas en la cola.-

Durante la pandemia, en 2020, Pilquimán fue detenido en un control de ruta ubicado en el barrio Las Chacras manejando una camioneta Toyota Hilux que le había entregado el gobierno de Río Negro para cumplimentar con el relevamiento territorial de comunidades mapuches de la zona.

Sin embargo, fue sorprendido transportando a una familia a la toma de Villa Mascardi, motivo por el que fue denunciado y se iniciaron actuaciones por presunta malversación de fondos públicos.

Durante el operativo, el referente mapuche “chapeó” – tal como figura en el acta de infracción – con el cargo que aún ostenta, aunque los trabajadores municipales se mantuvieron firmes con la decisión de no dejarlo continuar.

El caso llegó a la Justicia en mayo de 2021 cuando Pilquimán fue procesado por una violación al artículo 260 del Código Penal por el delito correccional de malversación de caudales públicos. La pena establece que “será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados”.

De acuerdo al expediente, el hombre utilizó el vehículo oficial en “exclusivo provecho propio, afectando negativamente los relevamientos territoriales que se debían realizar y para el cual estaba destinado”.

Ahora habrá que ver que tan tomados en seriedad se sienten jueces y fiscales y cómo dejarán en claro que nuestros intereses, los de todos los demás no pueden ser bastardeados ¿no?