Con la firma de sus cinco integrantes, el Bloque de Legisladores del Partido Justicialista – Nuevo Encuentro (PJ-NE) presentó un proyecto de Comunicación para «expresar ante el Poder Ejecutivo Nacional la imperiosa necesidad de derogar el Decreto Nº 462/2025, que degrada al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) a una simple “unidad organizativa”, alterando su carácter de organismo autónomo, autárquico y federal. Asimismo, se solicita la derogación del Decreto Nº 463/2025, que compromete gravemente la institucionalidad de otros organismos técnicos estratégicos.

La iniciativa parlamentaria plantea un rechazo enfático a la desarticulación del INTI y a la pérdida de autonomía de instituciones fundamentales para el desarrollo productivo, como la Agencia Regulatoria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

“El Decreto 462/25 desarticula el carácter autárquico, autónomo y federal de varios organismos, entre ellos el INTI, un organismo clave para las políticas de promoción industrial”, sostuvo el legislador Leandro García, al fundamentar el proyecto.

En esa línea, García advirtió que “vaciar el INTI es renunciar a las políticas de promoción industrial”, y denunció que “el gobierno de Milei no tiene un plan económico, no piensa ni le interesa cómo generar valor agregado y empleo, solo se ocupa de nutrir las ganancias del sector financiero y alienta la reprimarización de la economía”.

Desde el bloque remarcaron que el INTI cumple un rol fundamental en el acompañamiento a las PyMEs, la articulación con el INVAP y la asistencia técnica a municipios rionegrinos en temas vinculados al desarrollo de competencias productivas. “Este decreto es un retroceso más. Le quita autonomía a un organismo que tiene un vínculo territorial e histórico con el entramado productivo”, subrayó García.

Además, el legislador cuestionó la idea de que el sector privado pueda sustituir las capacidades técnicas desarrolladas por el Estado: “El sector privado y el sector público son complementarios, se necesitan mutuamente para promover el desarrollo económico y social. Nunca en la historia sucedió que, competencias claves como las que desarrolla el INTI o el INTA, puedan ser reemplazadas por el mercado cuando el Estado se retira”.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores advirtieron que el Gobierno nacional ha reducido sistemáticamente el rol del Estado como prestador de servicios y generador de políticas públicas, delegando esas funciones a un supuesto sector privado que históricamente no ha demostrado ni interés ni capacidad para sustituirlo. “Un claro ejemplo de este vaciamiento es el cierre de Vialidad Nacional y el abandono del mantenimiento de rutas en la provincia de Río Negro”, señalaron.

También alertaron que la reestructuración del INTI fue impuesta sin debate legislativo ni consulta con los sectores involucrados, lo cual “pone en riesgo su autonomía técnica y su capacidad de responder a las necesidades productivas de cada región”. Lejos de fortalecerlo, sostienen, “la medida lo debilita como herramienta del Estado y daña el vínculo construido con miles de actores de la economía real”.