Nota de opinión de Roberto Fermín Bertossi (*): Ilícitos cooperativos y mutuales reiteradamente comprobados, u otros en ralentizada investigación judicial por múltiples y diversas estafas o defraudaciones (sobrefacturaciones, falta de calidad y eficiencia vg. súbitos cortes de servicios esenciales no programados, daños y perjuicios a morbilidades electro dependientes, artefactos y mercaderías dañadas; pero ahora atónitamente también abusos sexuales perpetrados no solamente por altísimos consejeros y gerentes vg., en cooperativas de Brinkmann, Villa Dolores, etc.), como también otras procrastinaciones e irregularidades por parte de las autoridades de control; vg., omisión ilegal de síndicos, Inaes, órganos provinciales competentes, Ersep, etc.; fueron la génesis de la antecedente titulación de esta columna.

¿Ante tan inédito estado o cuadro de situación ya resulta atronador un prolongado silencio escandaloso de NO condena pública, contundentemente específica y explícita de parte de las máximas autoridades del movimiento cooperativo y mutual, tanto como de la prensa independiente?, y no solo a nivel provincial, sino municipal y nacional.

Párrafo especial merecerían eventuales contubernios comunicacionales, mediante el canje de costosísimos e irregulares espacios institucionales [en tal caso toda una prodigalidad de usurpaciones autoritarias en tanto su no precisa previsión estatutaria ni reglamentaria como la no autorización válida asamblearia, expresa e imprescindible de la mayoría de los asociados cooperativos o mutuales, según se trate en cada caso; por cierto, todo ello sin menoscabo de otras corresponsabilidades activables].

Asimismo la Insolidaridad y no acompañamiento de dicho movimiento como de las autoridades públicas y privadas con las víctimas de tales ilícitos recurrentes; la presunta falta colaborativa de alto reproche por parte de las mismas al no denunciar policial, administrativa y/o judicialmente irregularidades semejantes, afines o complementarias; revelarían oscuridades, anarquías, claroscuros o complicidades por omisión y abusos de poder, entre disfunciones tan inaceptables como absolutamente reñidas y contrarias a los valores y principios de un genuino e indubitable cooperativismo legal y auténtico (antes que legitimo); cuantimenos, conforme al espíritu y la letra magna de alcurnia y supremacía pertinente: vg., Arts. 35, 36 y concordantes de la Constitución de la Provincia de Córdoba.

Preconclusivamente, explica y justifica sobradamente lo antedicho, citar unos pocos casos concretos -entre los más resonantes-, como las víctimas de las mutuales cordobesas Cayfa, de Altos de Chipión, etc.; pero estrepitosamente a la joven Antonella Ricci abusada según sentencia judicial por el entonces presidente de una fuerte cooperativa de traslasierra en Villa Dolores [sin perjuicio de otra gravísima investigación judicial en curso en la ciudad de Villa María que salpica al mismísimo gabinete provincial]; dejando a salvo con los resguardos del caso las normas vigentes sobre ética pública.

Entonces, para un SI cooperativismo, debemos propugnar una civilización de sujetos éticos en donde la reciprocidad de deberes y responsabilidades, crearían un entramado cooperativo del que emanarían casi espontáneamente la plena vigencia de nuestros derechos asociativos.

Finalmente nos puede doler admitir que vivimos entre ficciones y realidades. Entre las primeras la idea de Nación, de estado de derecho, de ética pública, de soberanía popular, de la ley como expresión de la voluntad general; y, entre las realidades, la idea de la ley como expresión de la voluntad última y autocrática de los gobernantes de turno respondiendo mezquinamente a distintas combinaciones de espurio interés; precisamente no al interés ni el bienestar general.

(*) Roberto Fermín Bertossi – Experto Coneau certificado en Cooperativismo