La Justicia secuestró dispositivos electrónicos y documentación vinculada al municipio tras detectar presuntas irregularidades en la contratación de un supuesto abogado que no figura como graduado universitario.

La causa judicial que investiga una presunta usurpación de título universitario y la posible falsificación de documentos públicos tiene su origen en una contratación realizada por la propia Auditoría Municipal, el organismo encargado de controlar y fiscalizar la legalidad de los actos administrativos de la comuna. Entre el 1.º de agosto y el 31 de octubre, ese organismo incorporó como asesor legal a Carlos Vázquez, quien fue contratado para analizar documentación, brindar asesoramiento jurídico y realizar gestiones administrativas.

El contrato, que lleva la firma de Vázquez, de la auditora municipal Roxana Díez y del intendente Javier Murer, lo identifica expresamente como abogado.

Sin embargo, con el paso de las semanas surgieron dudas sobre la validez del título profesional, lo que derivó en una investigación interna y posteriormente en una denuncia penal.

El caso resulta particularmente sensible debido a que la Auditoría Municipal es el área encargada de verificar “todos y cada uno” de los contratos celebrados por el Estado local.

Según consta en la denuncia, durante el proceso de selección Vázquez se presentó como abogado egresado de la Universidad de Mar del Plata, especialista en Derecho Civil y Comercial, con experiencia en Derecho Procesal Administrativo. La auditora municipal señaló que inicialmente evaluó la documentación aportada y acordó un contrato de locación de servicios por dos meses, condicionado a la presentación del título original, el cual nunca fue exhibido.

Ante las reiteradas excusas y demoras, en septiembre se inició una verificación formal de la titulación. La consulta al Registro Único de Graduados Universitarios del Ministerio de Educación de la Nación arrojó un resultado concluyente: no existían registros que acreditaran la graduación universitaria de Vázquez. Como consecuencia, en octubre se resolvió dar de baja la contratación.

En paralelo, la defensa de Vázquez, a cargo del abogado Cristian Pettorosso, sostuvo públicamente que la responsabilidad no recaería en su cliente, sino en la propia Auditora Municipal por no haber realizado los controles correspondientes. Incluso, el propio Vázquez promovió una denuncia penal contra Roxana Díez por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, bajo el argumento de que “el que nada debe, nada teme”.

No obstante, la situación dio un giro judicial cuando la auditora municipal radicó una denuncia penal por presunta usurpación de título profesional. A partir de esa presentación, el Ministerio Público Fiscal inició una investigación formal el pasado 1 de diciembre por los supuestos delitos de usurpación de títulos y falsificación de documentos públicos.

En ese contexto, y por pedido del fiscal del caso Hernán Scordo, el juez de garantías Lisandro Borgonovo autorizó un allanamiento en la vivienda de Carlos Vázquez, ubicada en el barrio Las Piedras. El procedimiento fue realizado el lunes 22 de diciembre por personal policial.

Durante el allanamiento, se secuestraron un teléfono celular, tres notebooks, una computadora de escritorio, un disco rígido externo y carpetas con documentación vinculada tanto al municipio como a una carrera de abogacía. Todo el material quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal para su peritaje y análisis.

La investigación continúa en curso y busca determinar no solo si existió una usurpación de título universitario, sino también si se utilizaron documentos públicos falsificados para acceder a una contratación estatal, un delito que podría agravar la situación procesal del imputado. (DiarioAndino)