Sin embargo los recaudos del gobierno al respecto no se toman. En las redes se ofrecen desde ventas y alquileres turísticos hasta permanentes por «empresas o comercios» dedicados al rubro que lo hacen desde la ilegalidad de no tener responsable profesional colegiado a cargo, que responda con su patrimonio a un engaño. (foto de archivo Fiscal Soto a cargo de la investigación)

De allí en más, los damnificados no tienen otra posibilidad de defender sus intereses e inversiónes más que recurrir a la justicia, que muchas veces no se hace por el costo que significa simplemente contratar un letrado y desde allí los gastos que conlleva un proceso que nunca es rápido sino todo lo contrario.-

El Fiscal Soto sigue recibiendo e investigando denuncias que involucran y superan a la fecha los 51 millones de pesos a 34 estafados también en sus ilusiones por las supuestas operaciónes de compra/venta, cifra que puede aumentar a medida que denuncien los damificados.-

La investigación comenzó hace más de 6 meses y descubrió una banda que operaba en las sombras para estafar a decenas de personas que buscaban alguna solución a sus problemas habitacionales.-

Están imputados Norberto Gutiérrez, Ezequiel Cid, Claudio Seguel y Diego Cid a quien se acusa además de haber amenazado de muerte a uno de los damnificadas. El Juez Dr. Sergio Pichetto admitió los cargos y les impuso 4 meses de prisión preventiva que cumplen en el penal local.-

La gravedad de las estafan están graficadas en el engaño a víctimas a las que presentaban carpetas falsas con documentación supuestamente oficial del IPPV y hasta con la firma falsificada de funcionarios de ese organismo provincial.

En el caso de los lotes, los acusados mostraban un terreno a las víctimas y les aseguraba que estaban con todos los papeles en regla cuando los propietarios eran otros.
La documentación falsa fue secuestrada en allanamientos que personal de Gendarmería hizo en el domicilio de alguno de los imputados.