Evangelina Irene Navarro viajaba con sus hijos Isaías Ezequiel Flores, José Eduardo Víctor Flores, Lucas Gabriel Flores, Rita Silvia Flores, sus nueras María Florencia Gamio y Candela Valdéz, además de una nieta de tres años de edad.(foto gentileza)

Todos menos la niña fueron acusados por el fiscal Tomás Soto en orden al delito de estafa por el uso de tarjetas de créditos para las que no contaban con autorización del titular.

La mayoría de los nombrados dijeron ser desocupados o ama de casa, a excepción de una de las mujeres que afirmó ser empelada de comercio. Están detenidos desde este viernes a las 6 de la mañana, cuando quisieron retirarse del establecimiento hotelero afectado en el que abonaron con tarjetas de crédito que no les pertenecían y los pagos fueron rechazados por fraude.

El personal del hotel advirtió la maniobra y dio aviso a las autoridades, por lo que convocaron a efectivos de la Comisaría 55 que en definitiva, por orden de la fiscalía, los detuvo cuando intentaban salir del hotel.

Según describió el fiscal Soto, a través de la plataforma Booking, María Florencia Gamio reservó alojamiento en el hotel desde el día 20 al 26 de agosto, para lo que previamente se habían puesto de acuerdo. En tal sentido se destacó que con tarjetas ajenas, denunciadas por fraude, procuraron la estadía y varios consumos extras, pero de manera gratuita para ellos, generando un perjuicio de un millón quinientos mil pesos.

La acusación fiscal establece que los acusados se alojaron en las habitaciones 209, 212 y 215 y durante el lapso de la estadía utilizaron datos de tarjetas de crédito de diversos bancos, para abonar varios cargos adicionales. Las tarjetas estaban a nombre de Miriam Pascual, Claudio Sione, Clebes Nacamuli, Donatano Mónica, Paulo Elizabet, Miriam Tauil.

Soto describió que toda la maniobra fue advertida el día 25 cuando los empleados del hotel intentaron cargar los pagos extras y los pagos de las tarjetas de crédito fueron rechazados por la empresa visa, con un informe de que indicaba que tres tarjetas estaban denunciadas por fraude. Además, ninguna de las siete tarjetas que presentaron para abonar, estaba a nombre de los acusados.

En la descripción del hecho se señaló que todos los pagos realizados fueron virtuales, es decir que en ninguna de las operaciones presentaron la tarjeta física e inclusive desde el hotel se denunció que en las transacciones evitaban el contacto físico con conserjería y seguían los canales virtuales, misma forma con que habían concretado la reserva.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, debió intervenir en el hecho porque una de las acusadas viajaba con su hija de tres años de edad y en una requisa judicial entre sus pertenencias, encontraron más de doscientos mil pesos, diversas tarjetas de crédito de distintos bancos, a nombre de ellos y otros elementos sospechosos.

La situación de la niña motivó planteos de la defensa, aunque se aseguró que todos sus derechos y garantías están siendo protegidos, dándose intervención inmediata, además, a un defensor de menores.

El fiscal Tomás Soto reclamó una etapa de investigación de cuatro meses y además la aplicación de una caución real de setecientos mil pesos para otorgar la libertad y asegurar el cumplimiento de las obligaciones que cada uno de los imputados tendrá a partir de verse incriminados en el proceso penal.

El defensor oficial Marcos Ciciarello rechazó el planteo para seis de los acusados por ser de imposible cumplimiento y solicitó que se tome el dinero que les incautaron como pago total de la caución real, pero puso especial énfasis en la situación de Silvia Rita Flores, ya que su detención afectó a la niña de tres años.

El juez de Garantías Víctor Gangarrossa se inclinó por la posición fiscal, apuntando que se trató de una estafa por un monto de dinero considerable y por las características del hecho, apuntando a que viajaron en avión, se alojaron en un establecimiento de categoría alta, se quedaron una semana y además realizaron gastos extras.

El juez Gangarrossa rechazó la posibilidad de que todos los acusados estén desempleados y entendió que el monto de cien mil pesos para cada uno de los imputados no parecía un monto desproporcionado o irracional y en definitiva fijó ese monto para otorgar la libertad a cada uno.

Investigan otras maniobras

El fiscal Soto fue claro en señalar que aún no hay nuevas denuncias, pero están estudiando una serie de transacciones realizadas por el grupo familiar en la ciudad.

El énfasis está puesto en 200 pases para utilizar los medios de elevación en el cerro Catedral: dos de ellos para la temporada 2022 y el resto para la temporada del año próximo, aunque según la teoría acusatoria la sospecha es mucho más amplia a partir de diversas compras virtuales y pagos que realizaron los acusados, entre las que se destacan aquellas que además del pase para acceder al centro invernal otorgaban una «keycard” que los acusados canjearon por dinero en efectivo en las boleterías y se hicieron de dinero en efectivo.

Los acusados reservaron hotelería en forma virtual y abonaron por vías digitales sin haber exhibido nunca los plásticos de tarjetas de créditos que utilizaban. Los investigan por haber gastado un millón y medio de pesos en alojamiento y extras en el hotel Tunquelén, pero además hay fuertes sospechas sobre la compra indiscriminada de pases para esquiar y otras operaciones fraudulentas.

La Policía de Río Negro realizó una requisa de las pertenencias que tenían en su poder y allí encontraron, entre otros comprobantes, más de 20 pases en el cerro Catedral los cuales habrían abonado de la misma manera, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y gran cantidad de comprobantes de almuerzos y cenas y otras compras que concretaron durante su presencia en Bariloche.

Los investigadores, además, creen que no se trató del único viaje que realizaron a Bariloche por lo que no se descarta la aparición de más damnificados.