La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) solicitó a la dictadura de Nicaragua que libere al obispo Rolando Álvarez y a otros presos políticos. La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua condenó el 10 de febrero al Obispo de Matagalpa, Mons. Rolando Álvarez Lagos, a 26 años y 4 meses de cárcel, acusado de ser “traidor a la patria”.

La sentencia contra Mons. Álvarez se ejecutó sólo un día después de que el régimen deportara a 222 presos políticos a Estados Unidos. A ellos y al obispo los despojaron de la nacionalidad nicaragüense, basándose en una ley aprobada el 9 de febrero.

Mons. Álvarez se negó a subir al avión de los deportados y estaría en la actualidad en una celda de máxima seguridad.

“Hacemos un llamado al Estado de Nicaragua para que libere incondicionalmente a las 37 personas que aún se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad, entre ellas Mons. Álvarez, cuyo estado de salud se desconoce”, señala la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, en una actualización sobre la situación de Nicaragua el 3 de marzo.

También instó al régimen de Daniel Ortega a “restituir la nacionalidad y demás derechos civiles, políticos, sociales y económicos a las más de 300 personas afectadas por las recientes decisiones”.

La actualización también da cuenta de diversas violaciones a los derechos humanos en juicios abiertos, entre enero y febrero, a personas “detenidas arbitrariamente desde agosto de 2022”.

“Esto incluye audiencias a puerta cerrada, denegación a algunos acusados de su derecho a un abogado o abogada de su elección y a reunirse con él o ella en privado, y al acceso a los expedientes completos de sus casos”, denuncia la Oficina.

Además, “algunos de los acusados no habrían tenido conocimiento oportuno o completo de los cargos en su contra ni de las sentencias dictadas contra ellos, lo que les impidió impugnarlas”, agrega.

“La Oficina también ha documentado la aplicación de sentencias no previstas en el Código Penal de Nicaragua, incluso con carácter retroactivo a quienes fueron condenados el año pasado”, continúa el texto.

Por otra parte, se recuerda que la dictadura de Nicaragua “habría cancelado la personalidad jurídica de 40 organizaciones de la sociedad civil –un total de más de 3.200 desde 2018– y confiscado las instalaciones de otras dos organizaciones, ahora utilizadas por el Estado”.