El plan de ajuste nacional del presidente Javier Milei contra la provincia atenta directamente contra las familias de San Carlos de Bariloche, que perderían obras importantísimas. La terminal de ómnibus (foto, paralizada), la ampliación del hospital Ramón Carrillo y de la avenida Bustillo son obras fundamentales para el crecimiento y el desarrollo ordenado de la ciudad. Su continuidad y finalización peligra debido a la falta del envío de fondos por parte del gobierno nacional.

“Desde Nación han planteado que la obra pública es un gasto y nosotros no lo entendemos así; para nosotros es necesaria, no sólo porque transforma y mejora la calidad de vida de las vecinas y los vecinos, sino porque genera fuentes de trabajo y reactiva la economía”, sostuvo el Ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarrren.

En lo que respecta a las obras que en la ciudad andina se plantearon desde su origen con financiamiento mixto (50 % a cargo de Nación y 50 de Provincia), como es el caso de la terminal y la ampliación del hospital, Echarren señaló que “hasta ahora no existe por parte de Nación ninguna definición ni señal de qué va a pasar con las partidas comprometidas ni con las certificaciones adeudadas».

Los trabajos en la nueva terminal, que se paralizaron en febrero de este año, contaban con un avance del 33 %. “Hasta la fecha, Nación sólo cumplió con una de las cuotas del financiamiento, adeudando, desde el año 2023 dos desembolsos que suman un total de $ 279.300.000. El aporte nacional no llega al 24 %, contra un 76 % que aportó Provincia”, dijo el funcionario.

En el hospital, en tanto, la Provincia lleva invertido hasta el momento $ 4.565.416.071, es decir que el 86 % de la inversión se realizó con recursos provinciales. Esta obra registra un avance del 88 %. “Aquí, el Estado Nacional adeuda $ 86.871.980, habiendo aportado hasta el momento sólo el 14 % del financiamiento”, comentó Echarren.

Por otro lado, la ejecución de la ampliación de avenida Bustillo, enteramente financiada con recursos nacionales, quedó suspendida con un 33 % de avance, en octubre del año pasado. La deuda acumulada por Nación por certificados impagos asciende a más de $ 160.000.000.

“En este escenario, y aunque la Provincia haga un gran esfuerzo financiero para mantener el ritmo de los trabajos, el desconocimiento por parte de Nación y el actual contexto económico desfavorable del país repercuten en su desarrollo, y torna cada vez más más compleja su continuidad”, indicó.