En medio de la crisis de violencia e inseguridad, una noticia sacudió el panorama judicial rosarino en las últimas horas. María Cecilia Vranicich, cabeza del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, ordenó intervenir la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción, que engloba a los investigadores de Rosario.

La intervención, según la decisión tomada en un dictamen de la fiscal general a la que accedió Infobae, durará seis meses y tendrá como fin “restaurar la cohesión interna institucional” y “reordenar los procesos de trabajo” de los fiscales. Matías Merlo, hoy a cargo de la jurisdicción de Venado Tuerto, fue designado como el interventor a cargo del proceso.

También, se la desplaza parcialmente a María Eugenia Iribarren, jefa de los fiscales rosarinos, a la que limitó territorialmente en sus funciones. Le quedarán territorios como Cañada de Gómez, Casilda, Villa Constitución y San Lorenzo, pero no el foco principal de la acción.

La decisión dada a conocer en el mediodía de este martes, según el texto, es la consecuencia de un monitoreo llevado a cabo por personal de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, que entre septiembre y diciembre del año pasado monitorearon cómo trabajaban las tres unidades más sensibles de la Justicia rosarina: Homicidios Dolosos, la Agencia de Criminalidad Organizada y Balaceras.

La supervisión de las tareas había sido ordenada por Vranicich después de que los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno denunciaran a su colega Matías Edery por presuntas irregularidades en la relación que mantenía con su informante Mariana Ortigala, sospechada de ser testaferro de “Guille” Cantero, capo de Los Monos. Desde septiembre del año pasado, la mujer está imputada y detenida por haber realizado extorsiones al dueño de una agencia de quinielas por pedido de Cantero.