El intendente Walter Cortés, firmó la resolución 249/25, en la que declara lesiva al interés público la contratación directa con la empresa OPS SACI y ordena a la Asesoría Letrada del Municipio iniciar acciones judiciales para solicitar su nulidad.

La medida responde, según denunció la actual administración, a una serie de irregularidades detectadas en los contratos de alquiler de maquinaria sin chofer, celebrados entre el Municipio y la firma OPS durante la gestión del exintendente Gustavo Gennuso.

La empresa de servicios OPS SACI inició un reclamo administrativo en el que exige el pago de 15.386.916,34 dólares por supuestos incumplimientos contractuales del Municipio. La empresa alega que se le adeuda el alquiler de maquinaria por el período febrero de 2019 a octubre de 2022, así como costos adicionales por equipos recibidos en mal estado y el canon locativo de aquellos que permanecieron inutilizables.

Sin embargo, la gestión actual de Cortés sostiene que los contratos presentan “vicios graves de legitimidad”. Un informe del Tribunal de Contralor y un dictamen de la Asesoría Letrada concluyeron que la contratación directa con OPS carecía de «justificación adecuada», incumplía normas de contratación municipal y vulneraba la Ley de Concursos y Quiebras.

Según la Resolución 249/25, el procedimiento utilizado para contratar a OPS se basó en una autorización genérica otorgada por un juez de quiebras dos meses antes, lo que descartaría razones de urgencia que justificaran una contratación directa. Además, no se realizó un análisis comparativo de precios ni se documentaron otras opciones de proveedores.

La Asesoría Letrada también detectó que, una vez habilitada la primera contratación, se repitieron nuevos acuerdos con la misma empresa bajo el mismo mecanismo irregular, “sin mayor respaldo administrativo ni control sobre los costos”.

Un paso hacia la judicialización del caso

El Tribunal de Contralor ya había recomendado al Ejecutivo municipal declarar la nulidad de estos contratos y acompañar la decisión con una acción judicial. Ahora, con la resolución firmada por Walter Cortés, el Municipio avanza en esa dirección.

La acción judicial buscará que se anulen los actos administrativos mediante los cuales se implementó la contratación con OPS, ya que los mismos adquirieron estabilidad y no pueden ser revocados por vía administrativa.

El desenlace de este caso será clave para las arcas municipales, ya que la exigencia de pago de OPS representa una cifra millonaria que podría afectar seriamente los recursos de la ciudad. Ahora, la Justicia deberá determinar si efectivamente los contratos fueron irregulares y si corresponde su nulidad definitiva.