Un verdadero escándalo tuvo lugar en Catriel, cuando el Presidente del Concejo Deliberante ingresó a la municipalidad con un arma y amenazó a la intendenta, Daniela Salzotto. La jefa local impulsaba un narcotest a todos los funcionarios públicos y el agresor, que estuvo detenido y enfrentará cargos, estaba en contra. “Los voy a matar a todos”, gritó Alberto Ariaudo.

Ocurrió a las 6 del viernes cuando Ariaudo agredió verbal y físicamente a uno de los funcionarios que estaban en la municipalidad. Allí, exhibió un arma de fuego frente a las cámaras de seguridad y dijo: “Los voy a matar a todos”. Luego del episodio -cuyos detalles precisos se desconocen-, la intendenta Salzotto fue junto a varios funcionarios a la fiscalía a presentar una denuncia. En ese contexto, se ordenó la detención del agresor y allanamientos en busca del arma con la que efectuó las amenazas.

El secretario de Gobierno de Catriel, Daniel Delgado, advirtió: “Este es un tema que vivimos desde hace más de un año, indudablemente este hombre tiene un grave problema mental. Se trató de minimizar las amenazas porque pensábamos que era sólo una bronca del momento.

La intendenta viene siendo violentada por este hombre con amenazas muy graves”. Aseguró además que el conflicto escaló cuando Salzotto comenzó a impulsar la implementación de tests de drogas y alcohol a todos los funcionarios públicos del municipio.

A las 13.30 del viernes, Ariaudo prestó declaración testimonial en la comisaría junto a su abogado. Si bien luego fue liberado por demostrar arrepentimiento y renunciar a su puesto, este sábado se formularon los cargos en su contra. Hasta el momento las autoridades no pudieron localizar el arma que usó el presidente del Concejo Deliberante.

El mismo medio publicó además que Ariaudo reclamaba desde hacía tiempo más participación en las decisiones del Ejecutivo y manejar un presupuesto extra en el Concejo.

el agresor le habría exhibido el arma a otras dos personas. Los cargos que se formularon son “coacción agravada por haber tenido el propósito de obligar a una persona a abandonar su trabajo”, “amenazas reiteradas” y “portación ilegal de arma de fuego de uso civil reiterada”.

A cambio de su liberación -además de haberse mostrado arrepentido y renunciado al cargo- la fiscalía le pidió: fijar y mantener domicilio, estar a disposición de la Justicia a través de presentaciones personales una vez a la semana, no realizar ninguna obstaculización con el accionar de la Justicia, no entrar en contacto por ninguna vía ni por terceras personas con los testigos, con la víctima principal y las demás personas involucradas.